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La suspensión de lo actuado por el Congreso de la República al quitar el derecho de antejuicio a varios Magistrados del Tribunal Supremo Electoral TSE han solicitado a la Corte de Constitucionalidad CC, 14 ciudadanos al interponer un amparo por las irregularidades cometidas.
Denuncian en su amparo Violaciones constitucionales, Falta de procedimientos legales y amenazas al proceso electoral.
En un comunicado de Prensa expresan los 14 ciudadanos que “En medio de amenazas reconocidas al proceso electoral y la alternancia de poder, los accionantes señalan que el retiro de antejuicio fue llevada a toda marcha, saltando procedimientos legales y contrariando la Constitución Política de la República de Guatemala”.
Dentro de las ilegalidades advertidas:
• La falta de votos necesarios para formar la Comisión Pesquisidora,
• La conformación inadecuada de esta Comisión Pesquisidora
• El uso incorrecto de la moción privilegiada
• La falta de discusión sobre el informe de la Comisión Pesquisidora
• La ausencia de deliberación sobre la procedencia de formación de causa, y
• La falta de votación individualizada por cada magistrado”2
En relación con las irregularidades denunciadas, se impugna la decisión del Congreso de formar la Comisión Pesquisidora con 85 votos en lugar de los 107 requeridos por la Constitución. Además, se cuestiona la conformación única de la Comisión para juzgar a todos los magistrados del TSE, argumentando que esto viola el principio de responsabilidad penal personalísima, que exige una comisión por cada funcionario para un análisis personalizado de las acusaciones.
Se denuncia en el Amparo ante la CC “el uso inapropiado de la moción privilegiada por parte del Congreso al tratar el informe de la Comisión Pesquisidora sin seguir el orden del día establecido. La votación sobre la formación de causa se realizó sin una discusión previa del informe, lo que infringe normativas y principios constitucionales”.
Asimismo, se resalta la omisión del Congreso al no discutir adecuadamente el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora, violando el principio de legalidad constitucional y afectando el derecho al debido proceso.
Se sostiene que el Congreso no llevó a cabo una deliberación exhaustiva y participativa sobre la procedencia de la formación de causa contra los magistrados del TSE. La votación directa sin discusión previa se considera contraria al principio de legalidad constitucional y afecta el derecho al debido proceso.
Finalmente, se cuestiona la falta de una votación individualizada por cada magistrado, ya que la votación grupal no permitió una evaluación individual de cada caso, infringiendo principios del debido proceso y la legalidad administrativa.
En medio de este proceso expresan los 14 denunciantes, “el presidente de la comisión pesquisidora denunció amenazas e irregularidades, sugiriendo que la persecución de los magistrados tenía como objetivo impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asumiera el cargo”.
Ante esta crisis, “el amparo busca proteger la democracia, el estado de derecho y los derechos políticos de los ciudadanos guatemaltecos, solicitando la suspensión provisional de los actos de autoridad y la preservación del Estado de Derecho” expresan finalmente.
Los 14 ciudadanos que interpusieron el amparo ante la CC son:
-Javier Urizar Montes de Oca
-Gregorio José Saavedra Zepeda
-Andrés Mateo Echeverria Román
-Alejandro Javier Morales Bustamante
-Mariana Reyes Solórzano
-Jose Javier Galvez Hernández
-Ana Raquel Aquino Smith
-Hugo Leonel Rivas Gálvez
-Jorge Daniel Calderón Zuñiga
-Carlos Manuel Ortiz Molina
-Sara Larios Hernández
-Edgar Gustavo Roberto Lima Muñoz
-Andrea Desirée Rabanales De La Roca
-Mario Estuardo Quan Guzmán
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