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La Unión Europea sancionó este viernes a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta. Lo anterior, por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León, quien asumió el cargo el pasado 14 de enero.
Las sanciones afectan también al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul; al juez Fredy Raúl Orellana; a la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila.
El Consejo de la Unión Europea decidió tomar dicha medida contra estos cinco funcionarios por el intento de socavar la democracia. Además, argumentó que estos se opusieron al derecho a la transferencia de poder.
Congelan activos
Las personas sancionadas están sujetas a la congelación de activos. Asimismo, prohíbe a empresas y ciudadanos europeos a poner fondos a su disposición. También tienen prohibición a viajar y transitar por cualquier país integrante de la UE.
Asimismo, esta sanción se suma a la impuesta el pasado 12 de enero, sobre un “marco específico de medidas restrictivas”. Estas se impusieron en apoyo a la democracia y a la transmisión pacífica del poder en el país.
Esta medida se adoptó antes de la toma de posesión del presidente Arévalo, en la cual estuvo presente el alto representante Josep Borrel.
Al respecto, el alto representante manifestó:
Cuando viajé a la ciudad de Guatemala lo hice sabiendo que la presencia de numerosos invitados internacionales, no solo enviaría un fuerte mensaje de apoyo a la democracia en Guatemala, sino también una fuerte señal a los obstruccionistas de que eludir los procesos democráticos no sería tolerado por el gobierno y comunidad internacional. La UE está dispuesta a adoptar nuevas medidas para exigir responsabilidades a los responsables.
Además, el texto señala que la Unión Europea está comprometida con la democracia en Guatemala. También reafirma su disposición de colaborar de manera estrecha con el nuevo gobierno en asuntos de mutuo interés.
Entre estos, señala el comunicado, el fortalecimiento del estado de Derecho y el fortalecimiento del desarrollo económico sostenible e inclusivo. Además, la promoción de la justicia social en beneficio de los guatemaltecos.
Esta sanción de la Unión Europea se suma a las impuestas en el 2023 por Estados Unidos.
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