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La titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, presentó dos denuncias a la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), por distintos hallazgos en la cartera.
De acuerdo con la ministra De la Vega, las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP), como órgano del sector justicia, y ahora se entregan a la CNC para que dé seguimiento a la investigación y de manera coordinada con el MP se ejecuten las acciones correspondientes en contra de los involucrados.
En ese sentido, por medio de la CNC se velará por que se hagan las tareas necesarias para la erradicación de estos actos deshonestos y se sancione a quienes los cometan.
Estas acciones se llevan a cabo en cumplimiento a los ejes del Gobierno de la República de no tolerar la corrupción en cada una de sus dependencias, actuando con transparencia para brindar un mejor servicio a la población.
Primera denuncia
La ministra De la Vega dio a conocer que la primera denuncia presentada al MP fue contra la empresa Tecnologías Smart Home por el incumplimiento del contrato que se suscribió con la Dirección General del Aeronáutica Civil (DGAC) para la entrega de las escaleras eléctricas y ascensores del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).
De la Vega dijo que en la denuncia se manifiesta sobre las notificaciones que se le hicieron a la empresa por el incumplimiento del contrato. Agregó que será la Procuraduría General de la Nación (PGN) la que deduzca las responsabilidades sobre los funcionarios que suscribieron dicho contrato.
Concesión de la ruta Palín-Escuintla
La segunda denuncia se presentó este 28 de febrero al MP. Esta en contra de la empresa Moca, S. A., con la cual se suscribió un contrato sobre la concesión de la ruta Palín-Escuintla.
De acuerdo con la ministra de Comunicaciones, se intervino sobre una concesión que no debió haberse dado, ya que la empresa designada, Marnos, S. A., no había entregado oficialmente la concesión al CIV ni había terminado el proceso de revestimiento del contrato.
La funcionaria detalló que todo esto se desarrolló con el afán de que se proceda a accionar contra estos delitos que corresponden a abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
Este contrato de aproximadamente un millón de quetzales consistía en demoler las garitas que se encontraban sobre la concesión. Se fueron contratando 12 renglones, de los cuales se incumplieron 5. Finalmente, la ministra del CIV señaló que el contrato fue pagado en su totalidad a la empresa, la comisión receptora aceptó la obra, que se trasladó al director de Caminos y el entonces ministro del CIV. Por lo tanto, con las denuncias se pretende que se juzgue a quien corresponda
