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Después de varios meses que el Ministerio Público, MP, solicitara antejuicio y orden captura contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, los licenciados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, se presentaron voluntariamente esta mañana al juzgado que lleva el caso TREP.
Las ordenes de captura en contra de los magistrados se dio después de que la Contraloría General de Cuentas, realizara señalamientos en contra de los magistrados en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, misma que el MP diera seguimiento de inmediato.
El MP inició las investigaciones y luego envió la solicitud de retiro de inmunidad de los magistrados al Congreso de la República, donde la alianza oficial y diputados aliados el ex presidente Alejandro Giammattei, logro retirar la inmunidad de los antes mencionados con 108 a favor.
Muchos fueron los señalamientos que se dieron con respecto a este tema en los que estaba el hecho de querer entorpecer las elecciones, según declaraciones de analistas políticos, mientras que el MP acusaba los magistrados de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, los magistrados abusaron de su autoridad e incumplimiento de deberes porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.
En las acusaciones del MP se les señaló de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
En la acusación del MP solo salieron librados la actual presidenta del TSE Blanca Alfaro y los otros magistrados suplentes, a quienes la Corte de Constitucionalidad les otorgó amparo con respecto a estos señalamientos.
La Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptó una apelación presentada por el MP y ordenó el embargo de cuentas y detener el pago de más de Q40 millones por la compra del TREP.
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