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Municipalidades y empresas constructoras de obras eléctricas gestionan con la distribuidora de electricidad la normalización de sus trabajos no registrados, en un esfuerzo por evitar recibir sanciones económicas o procesos penales.
La Ley General de Electricidad obliga a las municipalidades y particulares a registrar las obras eléctricas, para evitar ser denunciados por los delitos de Atentado contra la seguridad de los servicios y hurto de fluidos.
De esa cuenta, los representantes de varias comunas de todos el país hacen los trámites para legalizar las obras en su jurisdicción.
Igual situación enfrentan cinco constructores particulares, que celebraron juntas conciliatorias en el Ministerio Público MP y normalizar las obras ilegales.
