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El servicio de distribución eléctrica es afectado por la continua conflictividad social instigada por grupos organizados, que tiene un impacto significativo en la calidad de vida de más de 200 mil familias, en particular en cinco departamentos del país.
Esta situación afecta directamente a 108 municipios en 18 departamentos, principalmente San Marcos, Huehuetenango, Zacapa, Izabal y Retalhuleu, donde las actividades de las brigadas de la distribuidora ENERGUATE son obstaculizadas, total o parcialmente.
En estos municipios, más de 500 comunidades son asediadas por grupos que promueven las conexiones ilegales de electricidad y sufren las consecuencias de un servicio intermitente y de baja calidad, lo que afecta sus actividades diarias y su bienestar general.
Sin embargo, el mayor impacto lo tienen 284 localidades, donde el acceso del personal de ENERGUATE está completamente impedido, lo que dificulta las labores de mantenimiento y mejora del servicio.
La falta de un suministro eléctrico confiable retrasa el desarrollo social y económico de estas áreas, impidiendo el avance hacia una modernización que permita una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Lucha en varios frentes
ENERGUATE enfrenta constantes desafíos debido a esta problemática. Durante los años 2023 y 2024, 40 casos relacionados con el hurto de fluidos fueron judicializados, más de 56 denuncias se presentaron por el mismo delito.
Entre estos casos, destaca la dirigente de un grupo en Tiquisate, Escuintla, que promueve las conexiones ilegales, quien es procesada por los delitos Atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública e Instigación a delinquir, ambos de forma continuada.
Para apoyar a las comunidades, se hacen acercamientos que permitan iniciar diálogos, alcanzar acuerdos para la normalización de conexiones, hacer inversiones en mejoras a la red y garantizar un suministro eléctrico que impulse el desarrollo sostenible de todos.
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