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Un nuevo caso de defraudación tributaria sale a la luz, en esta ocasión la estafa asciende a 300 millones de quetzales, según informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en una conferencia de prensa.
El denominado caso B410 (Bamvi 410) revela una estructura formada por 410 empresas que estuvieron involucrados en la comisión de actos de defraudación. Varias de estas han sido vendedores directos de instituciones del Estado entre 2021 y 2023.
La estructura operaba en direcciones inexistentes, en zonas rojas. El objetivo principal era apropiarse del IVA y el ISR, es decir, crearon una estrategia para evadir el pago de los impuestos logrando defraudar más de 300 millones de quetzales en impuestos sobre los 6.4 millardos que facturaron.
Ante esta situación, la SAT presentó una denuncia en el Ministerio Público para que haga las investigaciones correspondientes por la evasión tributaria. Al momento, la denuncia va contra 32 de las empresas involucradas.
Más detalles del caso
De acuerdo con el superintendente, Marco Livio Díaz, la institución notó irregularidades en el sistema.
Al principio se identificaron más de 200 empresas con domicilio fiscal en la 33 calle C 10-16 de la zona 7, colonia Bamvi, dirección que no existe. Luego de esto, se notó que más de 100 empresas compartían un mismo perito contador. Al contactarlo indicó que fue inscrito sin su consentimiento y dio paso a colocar una denuncia en el Ministerio Público.
Ante esta relación de los contribuyentes, autoridades determinaron que 410 empresas que conforman esta Estructura comparten el mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice. Además, el 75 por ciento de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario.
La SAT detalló que esta investigación tomó tres años para recabar información. Agregó que esto evidenció que los contribuyentes tenían vínculos como el mismo firmante de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques entre parientes cercanos, entre otros determinados a través de un relacionamiento financiero.
Finalmente, las autoridades destacan que debe ser el Ministerio Público el ente que se encargue de investigar y deducir responsabilidades. Además, tendrá que determinar quiénes son los actores principales de los hechos y si estos tienen vínculos con exfuncionarios del Estado.
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