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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) exige que cesen las intimidaciones, por parte del Departamento de Investigaciones Criminológicas -DEIC-, contra el periodista Diego España, quienes llegaron a la sala de redacción del Diario La Hora, para solicitar sin motivo alguno, información sensible del comunicador, lo cual es una violación al artículo 35 constitucionala según lo expresa en un comunicado de prensa
Los dos agentes policíacos, según la denuncia pública, se acercaron a las oficinas del vespertino para hablar con España, quién los atendió en compañía de personeros del medio digital.
Los investigadores solicitaron información personal al periodista, lo cual es una clara muestra de que fueron enviados para intimidarlo, porque no lograron justificar el porqué de la visita y se limitaron a decir que los datos les van a servir para notificar a España cualquier diligencia que se tenga programada.
Se desconoce si esta acción policíaca es parte de alguna investigación solicitada por el Ministerio Público -MP-, por lo que la máxima entidad de prensa le exige al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez que dé una explicación pública de lo sucedido y que indique del porqué de la perfilación del periodista.
Esta situación demuestra que hacer periodismo en Guatemala implica enfrentar desafíos de toda índole.
En los últimos ocho años, los comunicadores nos hemos enfrentado a gobernantes poco tolerantes, quienes no respetan la libertad de prensa y por eso han tratado de criminalizar a los reporteros que dejan al descubierto los hechos de corrupción del gobierno de turno. Los periodistas no somos delincuentes, solo fiscalizamos el quehacer público.
La libertad de prensa es un pilar esencial de cualquier democracia y por eso debemos defenderla. La criminalización puede ser usada como una herramienta para intimidar y silenciar voces críticas, lo cual va en contra de los principios democráticos y debilita las instituciones, porque socava los derechos fundamentales de libertad de expresión e información.
Es importante que el Procurador de los Derechos Humanos -PDH, José Alejandro Córdova Herrera asuma con seriedad el cargo para el cual fue designado y es imperativo que emita una condena pública ante este tipo de hechos y actos que violan la Libertad de Prensa, para que cesen las agresiones contra la prensa, un derecho constitucional amparado en la Constitución Política de la República.
Los periodistas, como cualquier otro ciudadano, se encuentran amparados por la Constitución Política de la República para ejercer libremente su profesión y por lo tanto no se deben permitir presiones o intimidaciones de ningún sector de la población por la práctica de este derecho humano, mucho menos departe de actores que conocen el mandato de la Carta Magna.
Ante tal situación, la APG hace un llamado para que las organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa, el relator de prensa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras, entre otras, se mantengan alertas ante este tipo de actos que violan derechos humanos y sobre todo preceptos constitucionales.
La APG reitera en el comunicado de prensa el compromiso de defender la libertad expresión y de prensa y que de acuerdo a los estatutos de la entidad ordenan velar por el respeto de la Libre Emisión del Pensamiento, un derecho ciudadano que no puede ser restringido por persona alguna o autoridad. El artículo 35 constitucional da los derechos y obligaciones para ejercer el periodismo en Guatemala. #APG #LaHora #Metroredes #LibertadDePrenda Fotos La Hora Digital
