Como solo en Guatemala puede ocurrir, el Ministerio Público, MP, da un giro y ahora en lugar de investigar la denuncia presentada por el Súper Intendente de la SAT, Marco Libio Díaz, el investigado es él, según lo dio a conocer en un comunicado.
El súper intendente de la SAT señaló el comunicado que el MP lo investiga por denuncia extorsión y tráfico de influencias, presentada por los mismos imputados en el caso B410, acciones que fueron rechazadas totalmente por el licenciado Marco Libio Díaz.
El documento señala que la SAT ha realizado investigaciones y auditorías de carácter tributario, en las que han participado auditores de varias gerencias, abogados especialistas y otros funcionarios, presentando las denuncias ante los órganos jurisdiccionales debidamente documentados por indicios de defraudación tributaria a las que se han denominado Caso B410 y el Eureka-B410.
En cuanto a las supuestas denuncias presentadas en su contra fueron rechazadas categóricamente ya que los señalamientos son infundados, apócrifos y supuestas acusaciones que circulan, como consecuencia del ejercicio transparente y conforme a las leyes que rigen la administración tributaria.
Marco Libio Díaz solicitó que se realice una investigación objetiva e imparcial, que contenga pruebas fehacientes de cualquier acto delictivo y no la simple declaración de los mismos imputados.
“Que se respeten mis derechos de inocencia y debido proceso y que se evite un grave daño a la SAT, desestabilizándola e impidiendo que ejerza sus funciones con la independencia de criterio y autonomía institucional otorgada por la ley”, dijo.
“Nuestro país necesita urgentemente los recursos para invertir en salud, educación, combate a la desnutrición, infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, entre otros. Mantengo mi compromiso de seguir trabajando por el país que todos queremos”, finaliza el documento.
El pasado 14 de agosto, la SAT presentó en conferencia de prensa el caso B410 defraudación millonaria y se trata de 410 empresas que habrían defraudado al fisco por un monto superior a los Q300 millones y que a su vez, también tienen vínculos con otras firmas que, durante 2021, 2022 y 2023 hicieron negocios millonarios con el Estado.
Durante esa rueda de prensa, Díaz explicó que se presentó la denuncia por posible defraudación tributaria ante un juzgado pluripersonal de Primera Instancia, al Ministerio Público (MP) y se entregó una copia a la Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
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