El pleno del Congreso aprobó este martes 11 de febrero, el decreto que autoriza al Gobierno una ampliación presupuestaria por Q4 mil 166 millones.
De este dinero se destinarán Q1 mil 891 millones a los Consejos Departamentales de Desarrollo; Q1 mil 625 millones a las clases pasivas del Estado; Q393 millones para el Programa de Reducción de Emisores; y Q200 millones para los servicios de la deuda pública.
Los fondos también cubrirán los pagos a los desmovilizados del Ejército, y los fondos destinados a varias organizaciones no gubernamentales.
La aprobación fue de urgencia nacional. Dos de los artículos propuestos fueron rechazados: el 7 que permitiría destinar fondos del programa Mi Primera Vivienda, para empresas dedicadas al desarrollo habitacional; y el 10, que según la diputada Evelyn Morataya, afectaba los salarios y aumentos aprobados en el Presupuesto Nacional para los empleados de salud.
La discusión de la ampliación se desarrolló en un ambiente conflictivo. La diputada Morataya se enfrentó verbalmente con diputadas oficialistas a quienes acusó de victimizarse, mientras ellas respondieron recordándole su paso por el Gobierno de Alfonso Portillo como primera dama, en medio de gritos y abucheos del resto en el pleno.
Los diputados esperan que con esta aprobación se resuelva la situación generada por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que a solicitud del sector privado aglutinado en el CACIF, dejo en suspenso varios artículos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025 aprobado en noviembre para afectar al pueblo y gobierno de Bernardo Arévalo
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