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La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Publico MP logró que se decretaran medidas cautelares de embargo, gracias a las cuales se inmovilizaron más de 300 millones de quetzales que se encontraban en cuentas bancarias de las empresas Sigma Constructores, S.A. y HW Contractors, S.A.
Las diligencias preliminares de investigación, realizadas por la fiscalía, se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial, la cual recibió dos alertas de transacciones sospechosas.
En las alertas se informaba que las empresas descritas realizaban transacciones financieras millonarias con la finalidad de trasladar el dinero hacia territorios catalogados como paraísos fiscales, entre ellos, Islas Vírgenes Británicas.
Esta situación advirtió a las autoridades sobre la posible comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero u otros activos, ya que esas entidades han recibido fondos del Estado de Guatemala en los últimos meses.
Las medidas cautelares de embargo fueron gestionadas y solicitadas a la jueza del Juzgado de Extinción de Dominio, quien las denegó. Ante esta negativa, la fiscalía presentó el recurso de apelación correspondiente contra la resolución emitida. La Sala Segunda de Mayor Riesgo, luego de los argumentos presentados, resolvió a favor de la fiscalía y ordenó la inmovilización de los fondos con el propósito de que el Ministerio Público desarrolle las diligencias de investigación correspondientes.
