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Cinco días es lo que la dirigencia de los 48 Cantones le da al presidente Bernardo Arévalo para derogar el reglamento de tránsito que obliga a los automovilistas a obtener un seguro obligatorio y amenazaron con tomar medidas drásticas sino se atiende su petición, según lo expresaron en un comunicado.
La dirigencia de los 48 Cantones de Totonicapán señala que, como autoridades ancestrales y representantes legítimos de este Pueblo, “expresamos un contundente RECHAZO a los acuerdos gubernativos 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025 que obligan a pagar un seguro de daños a terceros a todo aquel ciudadano/a que sea propietario de un vehículo”.
“Los 48 Cantones de Totonicapán nos mantendremos vigilantes y defenderemos los derechos de nuestro pueblo ante cualquier medida que atente contra su bienestar, es por eso que expresamos nuestro RECHAZO al seguro vial obligatorio y otorgamos al Gobierno un plazo de 5 DÍAS para anular dichos acuerdos gubernativos, de lo contrario tomaremos medidas más drásticas, apelando a nuestro derecho de manifestación pacífica”.
“Como Organización Ancestral de Totonicapán, no deseamos afectar a la población en general, pero tampoco podemos permitir que este seguro obligatorio afecte gravemente a nuestro Pueblo y beneficie el bolsillo de un selecto grupo”.
“Consideramos que esta medida representa una carga económica desproporcionada para la población, especialmente para aquellos hermanos y hermanas de bajos recursos que dependen de sus vehículos para su sustento diario. En un clima de creciente dificultad económica y corrupción en el Estado, esta nueva medida, anunciada por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, agrava aún más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ya muchas familias de nuestro Pueblo y de Guatemala en general.
“Del mismo modo, cuestionamos al Gobierno de Guatemala, la eficacia de esta medida para mejorar la seguridad vial, que no sea una medida como cortina de humo para distraer o desviar la atención de la población como en el caso del salario de los diputados y otras falencias del gobierno. Consideramos que existen otras prioridades que el gobierno debería de abordar de manera urgente en cuanto a este tema, como la inversión en infraestructura vial y el fortalecimiento de los mecanismos de control y sanción para quienes infringen las leyes de tránsito.”
“En lugar de imponer cargas económicas adicionales a la población, le exigimos al Gobierno de Guatemala que realmente se ocupe para lo que fueron electos y busque alternativas que promuevan la seguridad vial de manera equitativa y sostenible”.
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