El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, explicó que las reformas al artículo 27 de la Convención de Viena no abre posibilidad de injerencia en Guatemala.
“Esto no cambia ninguna ley local, no elimina responsabilidad legal y no impide que se juzgue a nadie por delitos” expresó Palomo
Asimismo, aseguró que Guatemala ahora se compromete a cumplir sus tratados internacionales con mayor claridad y seriedad. Esta es una señal de respeto al Derecho Internacional, no una amenaza para el orden constitucional.
Retiro de la reserva
El secretario Palomo detalló qué significa el retiro de esta reserva publicada el lunes 5 de mayo en el Diario de Centro América por el Acuerdo Gubernativo número 65-2025, por medio del cual se levantó la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Este artículo establece que cualquier país parte de un instrumento internacional no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Además, explicó que la Constitución sí permite que se retiren reservas a tratados internacionales, por medio de los artículos:
El Artículo 183 inciso o faculta al Presidente a dirigir la política exterior y ratificar tratados.
El Artículo 149 exige que nuestras relaciones internacionales se rijan por el Derecho Internacional, para promover paz, democracia y derechos humanos
La Corte de Constitucionalidad ha dicho que los tratados no pueden ignorarse por leyes internas. Hacerlo genera responsabilidad internacional.
Protege la soberanía
El funcionario señaló que esto protege a la soberanía respetando la Constitución Política de Guatemala.
El Artículo 46 de la Constitución de Guatemala dice que los tratados internacionales tienen autoridad superior a las leyes internas cuando se trata de derechos humanos.
Es decir, da cumplimento con el Derecho Internacional no debilita nuestra Constitución, la fortalece. Esto reafirma que somos un país que honra su palabra frente al mundo.
Además, se alinea con países democráticos y transparentes como México, Costa Rica, Colombia, España y la mayoría de las democracias ya aplican esta norma sin reservas.
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