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El Gobierno de Guatemala, bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo, rechazó enfáticamente las órdenes de captura emitidas este día contra el actual embajador colombiano ante la Santa Sede y excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón.
Dichas órdenes fueron emitidas este día por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por supuestos delitos durante la investigación del caso Odebrecht.
En tal sentido, el Ejecutivo apuntó a que el hecho de girar tales órdenes de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo tiene evidente objeto político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suma a la seguidilla de actuaciones del por parte del Ministerio Público, la fiscal general de la República (Consuelo Porras) y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala.
Asimismo, afirma que las medidas tomadas carecen de sustento legal y violan el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para el establecimiento de la CICIG, así como los principios del derecho internacional.
En tanto, el Ejecutivo subrayó en el comunicado que se encuentra en comunicación con las autoridades de Colombia para manifestar las aclaraciones diplomáticas en ánimo de no afectar la honra de la nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público.
Texto Daniel Coromac
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