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El juzgador guatemalteco Jimmi Bremer, Ricardo Méndez Ruiz y su Fundación Contra el Terrorismo, así como el abogado de la misma, Raúl Falla, fueron agregados a la lista de sancionados por la Unión Europea que implica congelación de activos y la prohibición de ingreso a los 27 estados miembros del bloque comunitario.
Los antes señalados quienes también se encuentran entre la lista Engel de los Estados Unidos, son señalados de promover acciones judiciales contra ex operadores de justicia que investigaron casos de corrupción y la sanción se debe al socavamientos de ellos del Estado de Derecho en Guatemala.
Bremer, Méndez Ruiz y Falla ya figuraban en la Lista Engel, elaborada por el Gobierno de Estados Unidos, que identifica a actores vinculados con corrupción o con el debilitamiento de instituciones democráticas en Centroamérica. Tanto Washington como Bruselas les atribuyen el uso instrumental del sistema judicial para promover procesos penales contra fiscales, jueces y otros actores críticos del oficialismo.
Esta acción de la UE se debe a la preocupación del Consejo Europeo por las acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho y una transferencia pacífica del poder en Guatemala, incluso mediante la instrumentalización del sistema de justicia. Bruselas alude así al intento de revertir los resultados de las elecciones de 2023, impulsado desde el Ministerio Público bajo la dirección de María Consuelo Porras, también sancionada por la UE, con el objetivo de impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo.
La UE expresa que estas sanciones selectivas son para hace rendir cuentas y afectar únicamente a los responsables de las acciones que socavan la democracia y de ninguna manera son contra Guatemala, su población o su economía.
Según señalan están preocupados por los continuos ataques contra el gobierno elegido democráticamente del presidente Arévalo y el mal uso de medidas legales y procesales para atacar a funcionarios electos, defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y operadores judiciales independientes.
Entre los ya sancionados desde hace meses por la UE figuran también Consuelo Porras; su secretario general Ángel Pineda; los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales Lazo y el juez Fredy Orellana. Todos han sido previamente sancionados por Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, señalados por su papel en los intentos por revertir los resultados de las elecciones generales de 2023.
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