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El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, ofreció declaraciones contundentes ante los medios de comunicación respecto al prolongado paro de labores del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG). A más de un mes de que un grupo de maestros ocupa los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, el funcionario reafirmó que estas medidas atentan contra derechos fundamentales, como la educación y la alimentación escolar.
Durante su intervención, Saavedra señaló que el viernes 27 de junio la PGN fue notificada oficialmente por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, que actúa como Tribunal Constitucional de Amparo, sobre una resolución con implicaciones legales para los líderes sindicales. El fallo ordena certificar lo conducente contra el Comité Ejecutivo Nacional del STEG, así como sus representantes locales, por desacatar un mandato judicial que exigía reanudar clases y finalizar la asamblea convocada.
Reinicio de clases
El procurador expresó que, dado que las vacaciones escolares de medio año concluyeron el viernes 27 de junio, el martes 2 de julio ya deberían retomarse las clases a nivel nacional.
Saavedra afirmó que los jueces de amparo deben hacer valer sus resoluciones.
En un Estado de derecho, esperamos que todos los ciudadanos respeten y cumplan con las resoluciones judiciales. De lo contrario, se remitirá lo conducente al Ministerio Público.
Además, recordó que el desacato a una orden judicial podría constituir un delito, particularmente el de desobediencia, lo cual será evaluado por el Ministerio Público y los jueces penales correspondientes.
Derechos de la niñez en juego
Lo que más preocupa a la PGN, según Saavedra, es el impacto que la suspensión prolongada de clases está generando en los estudiantes, especialmente en términos de su educación y alimentación.
Al respecto, advirtió:
Estamos ante la vulneración de dos derechos fundamentales: a la educación y a la alimentación escolar.
Señaló que estas medidas de hecho son desesperadas y revelan una falta de respeto al marco legal.
El procurador fue enfático al manifestar que las peticiones salariales o reivindicaciones laborales no deben anteponerse a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Puntualizó:
Insistimos en que las negociaciones se deben dar en la mesa de diálogo entre el sindicato y el Ministerio de Educación, no afectando a los estudiantes.
Manifestación sí, pero sin afectar a terceros
Respecto a los maestros que continúan manifestando frente al Palacio Nacional, el procurador fue claro al reconocer su derecho constitucional a la libre expresión. No obstante, aclaró que este debe ejercerse sin obstaculizar otros derechos, como el de locomoción o el acceso a la educación.
Lo que no se vale es que se utilicen estos espacios para seguir afectando a la niñez guatemalteca.
Según datos proporcionados por la Procuraduría, el 90 % de los maestros y centros educativos ya se encuentran trabajando normalmente.
Saavedra aseveró:
Se trata de un grupo reducido, un grupúsculo que representa menos del 10 % y que está actuando en contra del bienestar de nuestros estudiantes.
El juzgado ha solicitado al Ministerio de Educación un listado con los nombres completos de los dirigentes del STEG, con el objetivo de imponerles una multa individual que podría variar entre 100 y 4 mil quetzales, conforme a lo estipulado por la ley.
Texto Lincy Rodríguez
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