“La CC hoy favorece el anonimato de empresas que contratan con el Estado y que salen ganando con una empresa u otra que son de los mismos. Transparentar quiénes son los dueños de las empresas que contrata el Estado, resulta una medida atentatoria e inaceptable según la CC que dejó sin efecto el acuerdo gubernativo que obligaba a transparentar los accionistas y beneficiarios finales de las empresas, una práctica estandarizada a nivel mundial por países con bajos índices de corrupción. Todo lo que atente contra el sistema que permite saquear el Estado es declarado ilegal en el país donde la corrupción gobierna”.
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