El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, en entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias se refirió a las recientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor del Ministerio de Educación (Mineduc), en el marco del conflicto con el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Según Saavedra, las decisiones del máximo tribunal constitucional validan las acciones legales emprendidas por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en defensa de los intereses del Estado.
El funcionario explicó que, por instrucciones de la ministra de Educación, Anabella Giracca, la PGN promovió un total de 11 acciones constitucionales el año pasado, entre ellas varios amparos relacionados con las medidas impulsadas por el sindicato.
De acuerdo con Saavedra, una de las sentencias emitidas declaró ilegal la convocatoria realizada por el comité ejecutivo del STEG a una asamblea permanente, al considerar que esta figura funcionaba como un eufemismo para una huelga.
El tribunal fue contundente al señalar que esta convocatoria no podía sostenerse, especialmente en un contexto donde existía una negociación directa entre el sindicato y el Ministerio de Educación.
CC confirma legalidad y sanciones
El procurador destacó que la CC ratificó recientemente lo actuado en el proceso, respaldando las decisiones previas y confirmando sanciones económicas.
En ese sentido, se mantiene una multa de 4 mil quetzales para cada uno de los 860 directores de secciones y subsecciones, así como para el comité ejecutivo sindical involucrado.
Además, la CC ordenó trasladar una certificación al Ministerio Público para que se investigue posibles responsabilidades derivadas de estas acciones.
Esto otorga reconocimiento de legalidad y validez desde el ámbito constitucional a todo lo actuado y refuerza que la conducta del sindicato fue contraria a derecho.
Emplazamiento declarado improcedente
En otro punto, el titular de la PGN se refirió a la resolución de un juzgado de trabajo que declaró improcedente un emplazamiento promovido por un grupo alterno dentro del mismo sindicato.
Según explicó, este grupo, conformado como comité, presentó peticiones idénticas a las del STEG, generando lo que calificó como un doble frente de conflicto.
Tanto el Mineduc como la PGN impugnaron esta acción mediante una figura legal conocida como cuestión previa, argumentando que el proceso era ilegal.
El fallo judicial también ordenó levantar las restricciones que pesaban sobre el Ministerio de Educación, entre ellas la imposibilidad de hacer despidos sin autorización judicial previa.
Estas medidas, indicó Saavedra, afectaban directamente la operatividad de la institución, por lo que su eliminación representa un avance en la gestión administrativa.
El tribunal dio la razón a la Procuraduría y al Ministerio de Educación, poniendo fin a este conflicto y validando que lo actuado no solo es legal, sino correcto.
Las resoluciones judiciales consolidan la postura del Gobierno en torno al conflicto sindical y refuerzan el marco legal bajo el cual deben desarrollarse las negociaciones laborales en el sector educativo guatemalteco.
Texto Lincy Rodríguez
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