La Procuraduría General de la Nación informó que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, interpuso un amparo en contra del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala el pasado 17 de junio del 2026.
Esta acción se dio debido a las irregularidades en el proceso de elección de rector de dicha casa de estudios para el periodo 2026-2030, en la que Walter Mazariegos fue reelegido.
De esta cuenta, la PGN pretende que el tribunal competente examine la legalidad en el proceso electoral universitario tomando en cuenta el debido proceso establecido en la Constitución Política de la República.
Legalidad en las elecciones
En un comunicado, la PGN destacó la necesidad de que se respeten las garantías y principios constitucionales en el proceso de elecciones, particularmente, en la integración del Cuerpo Electoral Universitario, el quórum requerido para el acto de elección y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad aplicables.
Esto se deriva de que en su oportunidad se llevó a cabo un proceso electoral con falencias en todos sus procesos, desde miembros del cuerpo electoral con plazos vencidos, postulantes sin la documentación en regla y un acto de elección sin el quorum correspondiente.
Única universidad pública del país
Asimismo, la PGN reiteró que la Universidad de San Carlos de Guatemala no es una institución cualquiera, ya que se trata de la única universidad pública del país con una historia que supera los tres siglos, por lo que es indispensable que quien la dirija esté a la altura de esa responsabilidad histórica.
Puntualmente, la Procuraduría aseveró:
Cuando el proceso mediante el cual se elige a su máxima autoridad vulnera derechos fundamentales de su comunidad y se aparta de las garantías que la Constitución consagra, el daño no recae únicamente sobre la institución: recae sobre todo los guatemaltecos que en ella depositan su confianza y su esperanza.
De esta manera, la PGN reafirma su convicción con el respeto a la ley y a la democracia, subrayando que ninguna entidad, por autónoma que sea, está por encima de la ley del país.
Texto Mariana López
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