En medio de una geografía marcada por la constante amenaza de sismos, erupciones volcánicas y los embates del cambio climático, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha decidido priorizar el control de su imagen pública por encima de la inmediatez informativa. A través de una directriz oficial, la institución ha prohibido a sus delegados departamentales y regionales brindar declaraciones a la prensa sin el visto bueno del despacho superior.
La medida quedó plasmada en la circular SE-23-2026, fechada el 14 de agosto de 2026 y firmada por la Dra. Claudinne Ogaldes, Secretaria Ejecutiva de la institución. En el documento, dirigido a inspectores y directores de subsecretarías, se lanza una advertencia clara: los funcionarios locales «no están autorizados a dar declaraciones a los medios de comunicación, a menos se cuente con autorización previa», argumentando que la entidad cuenta con una vocera oficial encargada de canalizar la información.
La burocracia como obstáculo ante la emergencia
Guatemala es un territorio de alto riesgo. Cuando la tierra tiembla en San Marcos, un río se desborda en Alta Verapaz o el Volcán de Fuego incrementa su actividad, los primeros respondientes y la fuente de información vital para salvar vidas son los delegados locales de la CONRED.
Expertos en gestión de riesgo advierten que utilizar la burocracia como mecanismo de control no es la forma de accionar ante una emergencia. Obligar a los periodistas departamentales a triangular la información hasta la Ciudad de Guatemala para obtener una respuesta de la vocería oficial retrasa alertas cruciales, generando un vacío informativo que fomenta el pánico, la desinformación y pone en riesgo directo a las comunidades afectadas.
Un atentado contra la libre emisión del pensamiento
Más allá de la inoperancia técnica, la directriz de la Dra. Ogaldes representa un golpe a las garantías constitucionales. En el último párrafo de la circular, la funcionaria justifica la mordaza señalando que declaraciones anteriores «hacen quedar mal a la Institución».
Condicionar el flujo de información pública para proteger la reputación institucional es una táctica que pone en peligro la libre emisión del pensamiento y el derecho ciudadano a estar informado. Impedir que los expertos en el campo ofrezcan evaluaciones preliminares a la prensa local equivale a legislar entre sombras y censurar la realidad de las tragedias que golpean al interior del país.
El costo de centralizar la crisis
La comunicación de riesgo debe ser fluida, técnica y descentralizada. Mientras las autoridades de la CONRED exigen que sus delegados guarden silencio hasta obtener «autorización», la naturaleza no espera procesos administrativos. Hoy, el llamado de los sectores civiles y de la prensa independiente es a revocar una circular que confunde la disciplina institucional con la censura, recordando que, en Guatemala, un minuto de silencio burocrático puede costar vidas.
#LibertadDePrensa#mordaza#CONRED
