El Ministerio Público allanó inmuebles de 13 personas vinculadas a Miguel Martínez el miércoles 23 de septiembre en Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla. La fiscalía rastrea la compra de propiedades y la creación de sociedades anónimas por parte de familiares y amigos del exjefe del Centro de Gobierno en un caso bajo reserva judicial.
Entre los investigados figuran los padres del exfuncionario, María Luisa Morales Gatica y Rubén Darío Martínez Avilés. Ellos residían en una casa en un condominio de Jocotenango comprada en junio de 2020 por 170 mil dólares a nombre de Demci Arnoldo López Villatoro. López Villatoro es un amigo cercano de Martínez desde su época de estudiantes en Santa Lucía Cotzumalguapa y fungió como agregado cultural en España.
Las autoridades también investigan las conexiones financieras de este grupo con contratistas del Estado. La empresa Asfaltos y Petróleos S.A., conocida comercialmente como Aspetro, recibió adjudicaciones por 2 mil 14 millones de quetzales entre 2020 y 2023. El Ministerio Público investiga a Mauricio López Oliva y Ramiro Mauricio López Camey, vinculados a esta constructora y sancionados por Estados Unidos.
La Intendencia de Verificación Especial, IVE, reportó operaciones financieras sospechosas tras analizar 1 mil 890.32 millones de quetzales recibidos por Aspetro. Los analistas detectaron 174.41 millones de quetzales en egresos sin justificación legal aparente. Estos fondos financiaron la compra de vehículos y el equipamiento de propiedades. La denuncia oficial documenta depósitos directos de 15.5 millones a López Camey y 4.71 millones a López Oliva.
José Heliodoro Gatica Montúfar y Ronald Omar Ávalos Calderón también forman parte del grupo de 13 personas allanadas. Ellos controlaron las finanzas de la franquicia Cervecería Chapultepec en Guatemala a través de la firma Suplementos Alimenticios Saludables S.A. Gatica ocupó la Dirección de Recursos Humanos del Mides en 2020 y Ávalos laboró como inspector del Ministerio de Trabajo hasta 2021.
El documento judicial incluye finalmente a Abel Estuardo Roldán Gordillo. Él representa a Inmobiliaria Althea S.A., una sociedad con probables nexos de control vinculados a López Camey. La IVE documentó cómo el grupo trasladó propiedades hacia el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía Aspetro para luego retornarlas a las sociedades originales. Las autoridades financieras consideran que estas operaciones reflejan el uso de estructuras jurídicas especializadas para ocultar activos.
El caso permanece en reserva y es la primera vez que el MP inicia una investigación fuerte en contra del que fuera el poderoso hombre del gobierno de Alejandro Giammattei, tiempo durante fue intocable Miguel Martínez, sancionado por los Estados Unidos.
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