La Comisión de Finanzas Públicas y Monedas recibió en una sola audiencia a representantes del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, con el propósito de agilizar el análisis de las solicitudes presupuestarias para el ejercicio fiscal 2027.
Durante la reunión, las tres instituciones expusieron sus necesidades financieras y los recursos que consideran indispensables para fortalecer sus servicios. El Inacif, dirigido por Ingrid Romero solicitó Q59 millones 51 mil adicionales para mejorar su capacidad operativa.
Su directora destacó que, gracias a una asignación extraordinaria otorgada por el Congreso, se logró avanzar en una investigación que permitió capturar a un presunto violador en serie, señalado de atacar a 59 víctimas en Suchitepéquez.
Por su parte, el Instituto de la Defensa Pública Penal, por medio de su director Carlos Sandoval expuso la necesidad de destinar Q5 millones para la compra de vehículos, con el objetivo de fortalecer sus operaciones y facilitar el trabajo de su personal en la prestación de servicios de defensa legal a personas que no cuentan con recursos para contratar un abogado.
En representación del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, Rebeca González explicó que la institución desarrolla metas orientadas a brindar atención médica, acompañamiento psicológico y trabajo social, además de dar seguimiento a los casos para fortalecer las acciones penales. Indicó que la demanda de servicios se duplicó, al pasar de 12 mil víctimas atendidas en 2024 a aproximadamente 24 mil en el período más reciente reportado.
González señaló que en 2025 la institución contó con Q75 millones, pero sufrió una reducción de Q10 millones. Para el próximo ejercicio fiscal, plantea una solicitud de Q66.2 millones, aunque considera que esos recursos resultan insuficientes para ampliar la cobertura y responder al incremento de la demanda.
Actualmente, la institución tiene presencia únicamente en seis lugares del país, por lo que no logra ofrecer atención a nivel nacional.
La funcionaria explicó que un presupuesto de Q75 millones permitiría fortalecer la capacidad institucional, mejorar los sistemas informáticos para prevenir ataques cibernéticos y ampliar los servicios.
Sin embargo, con los recursos disponibles, la capacidad de contratación se limita a 34 personas. También indicó que algunos vehículos han sido cedidos a la institución por orden judicial y que se analizan tres propuestas para atender sus necesidades operativas.
Las exposiciones permitirán a los integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda evaluar las peticiones de las tres entidades y determinar qué asignaciones podrían incorporarse al proyecto de presupuesto de 2027, tomando en cuenta sus necesidades de funcionamiento, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de las investigaciones y los servicios de justicia.
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