Rigoberto y Daniel Choc Toz se emplazaron por 48 horas a las autoridades, reclaman la postura del presidente Bernardo Arévalo y advierten con acudir a instancias internacionales.
Tras quedar en libertad por falta de mérito al no encontrar indicios de que los vincularan con el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz exigieron que el Estado de Guatemala les ofreciera una disculpa pública. Los dos hombres, originarios de Senahú, Alta Verapaz, fijaron un plazo perentorio de 48 horas para que las autoridades gubernamentales atiendan su reclamo y establezcan un resarcimiento económico por los perjuicios derivados de su detención.
La defensa de los hermanos Choc Toz, encabezada por el abogado Karlos de López, sostuvo que el caso amerita una postura oficial y directa del presidente de la República, Bernardo Arévalo, frente a la actuación institucional que los señaló de un crimen de alto impacto. La representación legal advirtió de que, si sus solicitudes no reciben respuesta en el plazo otorgado, interpondrán una demanda formal contra el Estado guatemalteco y gestionarán acompañamiento ante organismos internacionales de derechos humanos.
La captura de ambos se registró en las inmediaciones del Campo Marte, en la zona 5 de la capital, poco después del ataque armado que cobró la vida del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y exfiscal del Ministerio Público. En ese momento, agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la aprehensión de ambos bajo sospecha de haber participado en el atentado, a pesar de que los registros policiales acreditaban que carecían de órdenes de captura vigentes y no registraban antecedentes penales ni policiales.
Posteriormente, durante la audiencia de primera declaración celebrada en la Torre de Tribunales, el Juzgado de Turno resolvió desestimar los señalamientos del Ministerio Público y dictó falta de mérito a favor de los sindicatos por la ausencia de pruebas que justificaban ligarlos a proceso penal. La resolución judicial derivó en su libertad inmediata y motivó la denuncia pública sobre el uso de detenciones arbitrarias y señalamientos sin sustento para responder con prontitud a hechos criminales de trascendencia pública.
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