El fracaso total del profesor Joviel Acevedo y su berrinche de querer seguir en huelga para recuperar el poder perdido, fue sancionado el día de hoy por desobediencia judicial según resolución del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social por lo que los dirigentes del Sindicato de Trabajadores y los dirigentes sindicales tendrán que pagar cada uno Q 4 mil que serían alrededor de Q3 millones.
Esta acción se une a la serie de reveces que ha recibo Joviel Acevedo quien ve como el poder que había obtenido negociando con los tres gobiernos anteriores se le va de las manos y ni el mismo gremio de maestros lo apoyó debido a que las peticiones de este personaje son solamente de interés personal y en nada beneficia a la educación, sino por el contrario la ha perjudica durante su estancia en el parque central, dejando sin educación a miles de estudiantes en el país.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) fue notificada este jueves 17 de julio sobre la resolución del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, que impone una multa de Q4,000.00 a cada integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), y subseccionales por incumplimiento de una orden judicial previa que instruía cesar las limitaciones al acceso a la educación pública.
La multa deberá ser pagada en un plazo de cinco días hábiles una vez quede firme la resolución. Los sancionados deberán presentar copia del recibo de pago ante el Juzgado para dejar constancia del cumplimiento. El dinero será destinado a favor de la Corte de Constitucionalidad.
Fallo responde a desacato de orden judicial
El juzgado resolvió aplicar esta sanción por el incumplimiento de una orden previa que exigía al sindicato suspender cualquier acción que limitara el acceso a la educación pública. La CC ya había otorgado un amparo provisional para asegurar la continuidad del servicio educativo, sin interrupciones causadas por protestas o medidas de hecho promovidas por STEG.
El 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad reiteró en su resolución que el derecho a manifestarse no puede interferir con la educación de los estudiantes guatemaltecos. La máxima corte constitucional del país subrayó que las manifestaciones del STEG estaban afectando directamente a la niñez y adolescencia, al suspender clases y restringir el funcionamiento normal de los centros educativos públicos.
Tras recibir la notificación, la PGN reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de la población infantil y juvenil. En un pronunciamiento público, la institución recalcó que el derecho a la educación es irrenunciable y no puede ser utilizado como moneda de cambio en ninguna circunstancia.
El derecho a la educación no se negocia.
La resolución judicial marca un precedente importante en la protección de los derechos de los estudiantes frente a acciones sindicales que buscan presionar al Estado mediante la interrupción del sistema educativo.
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