La Superintendencia de Bancos (SIB) destacó los avances de Guatemala en el fortalecimiento de su sistema de prevención y combate contra el lavado de dinero, e hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar la ley 6593 Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

Por medio de un comunicado oficial, la SIB resaltó:

La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país.

La aprobación de la Iniciativa de Ley 6593 representa una prioridad estratégica para el país, considerando que Guatemala iniciará en 2027 su Quinta Ronda de Evaluación Mutua ante Gafilat.

Constituye un tema de interés nacional, ya que contribuye a proteger la economía, generar confianza para la inversión, preservar las relaciones financieras internacionales y reducir riesgos que podrían afectar directamente al país, al sistema financiero y a miles de familias guatemaltecas.

Los avances

Durante más de dos décadas, Guatemala ha impulsado un proceso continuo de fortalecimiento de su sistema de prevención y combate contra el lavado de dinero.

En el año 2001, derivado de las revisiones por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre países y territorios no cooperantes en la lucha internacional contra el lavado de dinero, Guatemala fue incluida en la denominada lista negra, debido a que el país no contaba con una legislación para combatir el lavado de dinero, ni con un régimen de Personas Obligadas o una Unidad de Inteligencia Financiera encargada de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas.

Esta situación representó un importante riesgo reputacional y económico para Guatemala. Como respuesta, el país impulsó reformas trascendentales, entre las que destacan:

La aprobación de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en el año 2001 y su reglamento en 2002, mediante los cuales se creó la Intendencia de Verificación Especial (IVE) como Unidad de Inteligencia Financiera del país, así como el régimen de personas obligadas.

La aprobación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en el año 2002, fortaleció la supervisión del sistema financiero.

Estos avances permitieron que Guatemala saliera de la lista negra del GAFI en el año 2004, reflejando el compromiso del país con el fortalecimiento de sus mecanismos de prevención y control.

Posteriormente, en 2005, se aprobó la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, ampliando las capacidades del Estado frente a amenazas vinculadas al terrorismo y su financiamiento.

Las evaluaciones

Entre 2010 y 2016, Guatemala fue objeto de dos evaluaciones mutuas sobre el cumplimiento de estándares internacionales en la materia.

Estos procesos permitieron identificar tanto los avances alcanzados como áreas susceptibles de fortalecimiento.

Derivado de la última evaluación por parte de Gafilat, Guatemala impulsó nuevas acciones orientadas a modernizar su marco legal. En ese contexto, en 2020 fue presentada la Iniciativa de Ley 5820, “Ley para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo”.

Posteriormente, en 2025 se presentó la Iniciativa de Ley 6593, “Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo”.

Ambas iniciativas orientadas a actualizar la legislación nacional conforme a los riesgos actuales y a las observaciones realizadas por Gafilat, incorporando aspectos relacionados con transparencia del beneficiario final de personas y estructuras jurídicas, cooperación internacional y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros elementos alineados con los estándares internacionales del GAFI.

Apoyo internacional

Este jueves la Embajada de los Estados Unidos acredita en Guatemala también reiteró su apoyo a la aprobación de esta iniciativa de ley.

Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas.

La diplomacia estadounidense resaltó que aprobar esta ley promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala.

Texto Brenda Larios

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