Por Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
La economía global respira con un cauto alivio. Al cierre de este primer semestre de 2026, los mercados internacionales registran un desplome sostenido en el precio del petróleo de referencia Brent, que ha tocado mínimos por debajo de los $76 dólares por barril. La disipación de los tambores de guerra en el Golfo de Omán, sumada a la estabilización de los flujos de navegación en el estrecho de Ormuz tras los recientes avances diplomáticos internacionales, ha desactivado la burbuja especulativa que asfixió al mercado de energía durante la primera mitad del año.
Sin embargo, en Guatemala la realidad se vive a otro ritmo. Mientras el crudo internacional desciende en picada, el consumidor final en las gasolineras del país sigue enfrentándose a precios exasperantes que apenas muestran variaciones marginales de centavos. La brecha entre el alivio internacional y el bolsillo nacional expone, una vez más, el talón de Aquiles de la administración de Bernardo Arévalo: la lentitud operativa y la inactividad ante las distorsiones del mercado interno.
Durante los meses más álgidos del encarecimiento, el Ejecutivo reaccionó de forma tardía, recurriendo a la trillada fórmula del subsidio temporal mediante la aprobación del Decreto 11-2026 en abril pasado. Aquella medida —que implicó un fuerte reordenamiento de Q1,400 millones de quetzales sacrificando presupuestos de ministerios clave como Comunicaciones y Defensa— se diseñó como un parche para contener una hemorragia de precios que rozaba los Q40 quetzales por galón. Hoy, con los precios internacionales a la baja, nos topamos con un doble absurdo: por un lado, el subsidio corre el riesgo de agotarse de forma anticipada y, por el otro, el mercado local se resiste a reflejar con la misma velocidad la reducción internacional del crudo.
La justificación recurrente del gobierno y del Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha sido que las bajas internacionales tardan «entre dos y doce semanas» en materializarse en las gasolineras debido a la rotación de inventarios importados. No obstante, esta teoría de la paciencia obligada solo parece aplicar de manera unidireccional. Cuando el barril sube en Nueva York o Londres, el alza se traslada a las bombas de la capital y los departamentos en cuestión de horas. En contraste, cuando el crudo se desploma, la rebaja camina con la parsimonia de una burocracia ciega.
Es aquí donde reside la inactividad de la que peca el gobierno de Arévalo. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y el Plan Centinela del MEM han demostrado ser herramientas de exhibición política más que de coerción real. De nada sirven las conferencias de prensa denunciando una supuesta «especulación injustificada» si la estructura estatal carece de la fuerza regulatoria y fiscal para auditar con lupa los márgenes de ganancia de las grandes importadoras y distribuidoras. La inacción gubernamental deja al ciudadano a merced de un oligopolio que privatiza las ganancias de las bajas internacionales y socializa las pérdidas de las crisis externas.
Asimismo, la insistencia del Ejecutivo en defender esquemas de subsidio antieconómicos en lugar de plantear reformas estructurales a la Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados (IDP) —como lo sugirieron diversos sectores del Congreso— revela una falta de visión a largo plazo. Devolver dinero público mediante subsidios solo engrosa la cadena de intermediación, mientras que una revisión temporal o progresiva de la carga tributaria en momentos de crisis habría tenido un impacto inmediato, transparente y directo para el consumidor.
Gobernar no consiste únicamente en diagnosticar problemas o achacar los males de la economía a la «especulación de terceros». Consiste en activar los mecanismos del Estado con agilidad y firmeza. Ante el desplome del petróleo en este mes de junio de 2026, el gobierno de Bernardo Arévalo no puede seguir refugiándose en la pasividad del escritorio. Exigimos una fiscalización implacable en las estaciones de servicio, transparencia absoluta en la cadena de importación y el cese de parches financieros que solo prolongan la agonía de las familias guatemaltecas. El alivio energético mundial ya llegó; es hora de que el gobierno deje la inercia y lo haga llegar a Guatemala.