Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
Cuando la parsimonia del Ejecutivo y la complicidad silenciosa de las instituciones reguladoras dejan en la orfandad al ciudadano, la protesta social se convierte en el único mecanismo de legítima defensa.
En la política, como en la física, el vacío siempre tiende a ocuparse. Cuando un gobierno renuncia a su rol rector y abandona el control del mercado a la voracidad de los especuladores, el resultado inevitable es el desborde social. Las jornadas de protesta y los masivos bloqueos que hoy estrangulan las principales arterias viales de Guatemala no son un rayo en cielo sereno; son la detonación previsible de una crisis alimentada por la pasividad y la pobre administración gubernamental del presidente Bernardo Arévalo, una situación que, finalmente, le ha estallado en la cara.
La narrativa oficial intenta escudarse en la volatilidad geopolítica y en las leyes de la oferta y la demanda del mercado internacional. Sin embargo, el ciudadano que acude a diario a las estaciones de servicio sabe perfectamente que esa justificación es una falacia. Mientras que en el exterior el crudo experimenta fluctuaciones e incluso jornadas a la baja, en Guatemala el comportamiento de los precios en bomba sigue una única dirección: un alza diaria, implacable y desproporcionada.
Este encarecimiento sistemático no responde únicamente a factores externos, sino al abuso descarado de expendedores e importadores que han operado a sus anchas, aprovechando un ecosistema de absoluta impunidad regulatoria. Aquí es donde la responsabilidad del Gobierno Central deja de ser difusa para volverse directa e inexcusable.
El mal asesoramiento del círculo cercano del mandatario ha confinado al Ejecutivo en una burbuja de letargo y contemplación teórica, desconectada del sufrimiento cotidiano de una población que ya no logra cubrir el costo del pasaje o del flete de la Canasta Básica. ¿Dónde está el Ministerio de Energía y Minas (MEM)? Su pasividad es pasmosa. La cartera se ha limitado a publicar tablas de precios de referencia que los gasolineros ignoran con desdén, omitiendo su obligación legal de fiscalizar las estructuras de costos y auditar los márgenes abusivos de intermediación.
A esta inoperancia se suma la poca o nula acción de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), una institución que parece haber abdicado por completo de su razón de ser. Lejos de actuar como el escudo protector de los guatemaltecos frente a la especulación, la Diaco se ha reducido a un ente burocrático, invisible y desprovisto de toda voluntad coercitiva para verificar, inspeccionar y sancionar los cobros excesivos en las gasolineras del país.
La tormenta perfecta se ha consumado. El cóctel de un alza diaria e injustificada, la miopía de los asesores presidenciales y la inactividad cómplice del MEM y la Diaco provocó que la población simplemente ya no aguantara más. El hartazgo se desbordó, y el ciudadano de a pie ha tenido que levantarse para protestar contra el abuso de las petroleras y la indiferencia de sus gobernantes.
Gobernar no es observar cómo los problemas se agravan con la esperanza de que el tiempo los resuelva. El presidente Arévalo enfrenta hoy una encrucijada definitoria para su gestión: o suscribe un golpe de timón inmediato, exigiendo a sus ministerios salir del letargo para intervenir con rigor legal y auditar a los especuladores de la energía, o continuará asumiendo el desgaste de un país paralizado por el justo enfado de una ciudadanía a la que, por omisión, su gobierno decidió dar la espalda.