Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
En Guatemala, enfermarse se ha convertido en una condena financiera patrocinada por la voracidad de las farmacéuticas y la complicidad de un Congreso que prefiere proteger monopolios antes que salvar vidas. Mientras las familias guatemaltecas ven cómo su presupuesto se evapora en las estaciones de servicio ante el alza continua de los combustibles, en los mostradores de las farmacias se libra otra batalla despiadada: el incremento sistemático en el precio de los medicamentos esenciales.
Esta crisis no es un simple daño colateral de la inflación global o del encarecimiento del transporte; es el resultado del descontrol especulativo de la industria farmacéutica en el país. Tratar una diabetes, controlar la hipertensión o adquirir un antibiótico común requiere hoy un sacrificio económico desproporcionado. Las grandes cadenas de distribución operan bajo una lógica implacable donde la desesperación del paciente es la base de su rentabilidad, comercializando en el territorio nacional fármacos a precios que superan con creces los promedios de la región centroamericana.
Frente a este saqueo al bolsillo del ciudadano, el Organismo Legislativo ha optado por el cálculo político y la indiferencia. La iniciativa de ley diseñada para fomentar la competencia, transparentar las importaciones y abaratar el costo de las medicinas duerme hoy en el fondo de las gavetas legislativas. Los diputados, hábiles para acelerar agendas que benefician a sus cúpulas, decidieron archivar la urgencia médica del país para no incomodar a los grandes consorcios. Con esta omisión deliberada, han dejado a la población desprotegida y a merced de una estructura comercial que empobrece sin piedad a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables.
Lo verdaderamente insultante de esta tragedia social es la hipocresía electoral de nuestros representantes. Esos mismos legisladores que le dieron la espalda al dolor de los enfermos y que se negaron a legislar para frenar la especulación en las farmacias, ya han comenzado a recorrer los departamentos pidiendo el voto. Con descaro anticipado, buscan renovar sus credenciales prometiendo un bienestar y una protección ciudadana que tuvieron en sus manos y decidieron desechar por intereses sectoriales. Piden el sufragio de un electorado al que han condenado a la desgarradora decisión de elegir entre comprar comida o comprar salud.
La memoria ciudadana no debe fallar cuando las urnas vuelvan a abrirse. No existe justificación moral para premiar con la reelección a quienes utilizan el escaño legislativo para blindar el lucro desmedido a costa del dolor ajeno. Mientras las leyes para abaratar el costo de vida sigan archivadas y las farmacéuticas continúen dictando las reglas del mercado, cualquier discurso de campaña de los actuales diputados no es más que una burla redactada sobre la desesperación de todo un pueblo.