Tras permanecer un año y tres meses en prisión preventiva, el Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Mynor Moto, otorgó este martes medidas sustitutivas (arresto domiciliario) a los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Héctor Chaclán y Luis Pacheco con varias condiciones para ello incluyendo el pago de una caución económica de Q160 mil.
Durante la primera audiencia a la que los acusados pudieron acudir desde su detención en abril de 2025, el juez Moto resolvió que ya se había sobrepasado el tiempo que establece la ley para permanecer bajo prisión preventiva y consideró que no existían peligros de fuga ni de obstaculización para la averiguación de la verdad. Un elemento destacado de la jornada fue que el Ministerio Público (MP) no presentó oposición a la solicitud de medida sustitutiva por parte de la defensa.
Para poder salir de prisión y enfrentar su proceso en libertad, les impusieron condiciones, entre ellas, arresto domiciliario a nivel nacional, arraigo (prohibición de salir del país), obligación de registrar su huella en el sistema biométrico una vez al mes, prohibición de comunicarse con testigos del caso, pago de una caución económica (fianza) de Q160,000 cada uno y la prohibición temporal de ejercer cargos públicos.
A las afueras del Organismo Judicial, familias de los detenidos y autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán se hicieron presentes para exigir justicia y respaldar a los procesados, señalando que fueron encarcelados injustamente por «defender la democracia».
Prensa Comunitaria
El caso
El proceso judicial contra Héctor Chaclán y Luis Pacheco ha sido uno de los más emblemáticos de los últimos años en Guatemala debido a sus fuertes implicaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Su desarrollo evidencia varios puntos críticos sobre el sistema de justicia del país:
El origen de las acusaciones y las protestas de 2023
Chaclán y Pacheco fueron acusados por la fiscalía general de los delitos de asociación ilícita y terrorismo. Según el MP, ambos líderes se asociaron para paralizar al país con bloqueos y manifestaciones durante más de 20 días continuos. Sin embargo, el trasfondo real es que estas protestas indígenas buscaron garantizar la transición democrática y evitar que el MP impidiera la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
Violaciones al debido proceso y retardo judicial:
La permanencia de 15 meses en prisión preventiva sin un avance sustancial demostró serias fallas procesales. A través de recusaciones —promovidas en gran parte por la Fundación contra el Terrorismo— y excusas de los propios jueces, el caso estuvo sin rumbo y desamparado de control jurisdiccional. El expediente fue rebotando por al menos cuatro juzgados y cinco jueces, incluyendo a Fredy Orellana, antes de aterrizar en la judicatura de Mynor Moto. Para los defensores de derechos humanos, la falta de un juez competente se utilizó como un «castigo anticipado» para prolongar el encierro.
Condena y pronunciamiento internacional:
El manejo del caso atrajo un fuerte rechazo internacional. En mayo de 2026, Amnistía Internacional designó a Chaclán y Pacheco como «presos de conciencia», documentando que su procesamiento era un castigo completamente arbitrario por haber ejercido su derecho constitucional a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también hizo un llamado en el mismo sentido frente al uso político del sistema penal.
El freno a la inclusión política:
La restricción que el juzgado impuso a ambos líderes de no poder ejercer cargos públicos mientras dure el proceso tiene un golpe político directo. En 2024, tras asumir el gobierno, el presidente Arévalo había nombrado a Luis Pacheco (indígena K’iche’ con estudios en Derecho) como viceministro de Desarrollo Sostenible, un esfuerzo por integrar voces indígenas en el Organismo Ejecutivo. A causa de esta medida sustitutiva, a pesar de recuperar su libertad física, Pacheco no podrá reincorporarse a su cargo oficial.
En conclusión, aunque el arresto domiciliario alivia la prolongada privación de libertad, el «Efecto Chaclán-Pacheco» deja un poderoso mensaje sobre los riesgos de criminalización (terrorismo y asociación ilícita) que enfrentan las autoridades ancestrales en Guatemala cuando asumen roles protagónicos en defensa de la institucionalidad del país.
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