El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) estima que las municipalidades podrían perder ingresos debido a la eliminación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), aprobado por el Congreso de la República, según el Decreto 18-2026.
El uso de estos recursos, para el financiamiento de servicios básicos e infraestructura comunitaria, se encuentran en análisis mientras el decreto —aprobado el pasado 29 de julio— es evaluado por el Organismo Ejecutivo para su respectiva sanción o veto por parte del presidente Bernardo Arévalo.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, explicó que diferentes sectores han expresado posiciones sobre la medida y que el Ministerio participa en el análisis técnico de sus efectos.
“Nuestro cálculo es que las municipalidades dejarían de recibir alrededor de Q1,200 millones como fruto de este cambio. Mi opinión técnica, como lo he expresado, es que cualquier reforma en este país que merme los recursos del Estado es una reforma que no está observando las necesidades de desarrollo que tiene la sociedad en general”, indicó.
Desde los municipios
Uno de los principales desafíos de eliminar el IUSI radica en que no se trata únicamente de una fuente de ingresos, sino de un mecanismo vinculado con la descentralización y la autonomía municipal.
Menkos señaló que “en el caso particular del IUSI, este tiene un formato que ayuda a los procesos de descentralización y a la autonomía municipal” y considera que las reformas deberían enfocarse en cuidar los recursos del Estado en general y en particular el de las municipalidades.
Además, recordó que la Constitución establece los mecanismos mediante los cuales el Estado puede trasladar recursos a los gobiernos municipales, entre ellos el situado constitucional.
“El IUSI es un elemento que permite el financiamiento de las municipalidades, es un financiamiento autónomo creado desde el territorio y que tiene fines muy específicos de apoyo: agua, saneamiento, seguridad, parques. Así es que es muy difícil compensar lo que se pierde con el IUSI. Sin embargo, tendremos que explorar algunos mecanismos que permitan que se pueda seguir intentando lograr el mayor desarrollo posible en las comunidades”, explicó el ministro.
Estas declaraciones fueron brindadas por el funcionario en el Summit de Inversión, un evento organizado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la presentación de su portafolio de proyectos de Alianzas Público-Privadas (APP).
El riesgo
El ministro de Finanzas Públicas en su columna de opinión, publicada en el Diario Oficial el pasado 10 de agosto, advierte sobre la narrativa de que eliminar impuestos ayuda a los hogares, la cual asume al tributo como un abuso y no como el costo de la vida en común.
“La reciente decisión de eliminar el impuesto único sobre inmuebles a las viviendas se defiende con un argumento magnánimo: aliviar a las familias. Otros dicen que hay que eliminarlo porque en algunos municipios ese impuesto se administra mal y no se refleja en obras. Pero de ahí salen dos conclusiones opuestas: arreglarlo, haciéndolo efectivo y transparente, o eliminarlo. Y eliminarlo, aunque suene generoso, suele ser la salida que menos ayuda a las familias”,
A criterio del funcionario, la medida es regresiva debido a que la mayoría de la población carece de propiedades de alta plusvalía y depende críticamente de los servicios que este tributo costea, como el agua, saneamiento y seguridad. Menkos enfatizó que el desmantelamiento de este fondo no perjudicará a la administración municipal, sino a las comunidades locales, al restarles recursos indispensables para su desarrollo e infraestructura comunitaria.
El titular de la cartera enfatizó que la recaudación municipal va más allá de cubrir deficiencias inmediatas; representa una inversión real hacia el porvenir. Explicó que estos fondos garantizan servicios esenciales como el acceso a agua potable para prevenir enfermedades infantiles y el alumbrado público para brindar seguridad en las calles.
Asimismo, señaló que una reforma adecuada permitiría destinar recursos a escuelas locales de deporte y arte, asegurando que el sector público tiene la obligación de ofrecer certidumbre y oportunidades para que el talento emerja desde las comunidades guatemaltecas. Por ello, instó a no desacreditar la institucionalidad con propuestas superficiales, sino a fiscalizarla y optimizarla, argumentando que una sociedad equitativa no se edifica desmantelando el patrimonio colectivo, sino coordinando esfuerzos para fortalecerlo
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