Personas privadas de libertad, a través de un representante, demandaron al gobierno de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por presuntas violaciones de sus derechos dentro del sistema penitenciario guatemalteco, durante el actual gobierno, por lo que piden medidas cautelares a su favor.
Diversas acciones que el Ministerio de Gobernación realizó en contra de los privados de libertad, como medidas tras supuestos motines, coinciden con momentos de tensión política, negociaciones presupuestarias o procesos de elección de autoridades.
A lo anterior se suman verificaciones realizadas por representantes del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en las que constataron violaciones de derechos humanos, cuyos informes fueron presentados en septiembre último ante el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal, por solicitud de esa judicatura.
Acciones afuera y adentro de las cárceles durante estados de prevención
La solicitud de medidas cautelares, ante la CIDH fue presentada por el abogado Eswin Camey en febrero de este año, derivado de violaciones de derechos humanos en la cárcel Renovación 1, luego de que el 17 de enero pasado se produjera un motín, un día después, el 18 de enero los reos deponen sus medidas.
Según la demanda presentada, las autoridades lejos de implementar un protocolo antisecuestro, pues había rehenes dentro de la cárcel, ingresan disparando. Debido a esa situación el Gobierno por medio del Decreto Gubernativo 1-2026, declaró un estado de sitio durante 30 días.
El 17 de febrero el estado de sitio pasa a ser un estado de prevención y el Gobierno Central anuncia el Plan Centinela Metropolitano. Ese estado de prevención luego fue ampliado hasta el 19 de marzo de este año. Según los demandantes, quienes prefieren evitar dar sus nombres, durante ese período se realiza la elección del nuevo fiscal general, quien tomó posesión en mayo de este año y sale Consuelo Porras, con quien el presidente de la República tuvo enfrentamientos públicos mientras era jefa del Ministerio Público.
Además, en ese período el Congreso de la República aprueba una ampliación al Presupuesto General de la República, durante la madrugada del 28 de enero, por más de Q9 mil 326 millones, pese a que la ejecución en 2025 no llegó al 100%.
Mientras eso sucedía afuera, los privados de libertad no tenían visita de familiares ni de sus abogados, tampoco acceso a medicamentos y los jueces no podían ingresar a realizar exhibiciones personales. Otros fueron trasladados a contenedores ubicados en Escuintla, donde las temperaturas son altas y la lluvia se filtra. Tampoco cuentan con espacio apropiado para dormir y hacer sus necesidades, lo que derivó en la demanda de medidas cautelares por la presunta violación a sus derechos humanos.
El patrón se repite
En retrospectiva, el patrón se repite el 23 de julio de 2025, cuando el Gobierno anuncia el traslado de 34 reos de alta peligrosidad, tras una requisa en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal y fueron distribuidos entre las granjas penales de Pavón, Canadá y Cantel.
El 31 de julio, el Sistema Penitenciario trasladó a 10 cabecillas de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla. Al día siguiente, los reclusos realizaron un motín que ocasionó daños estructurales en el penal.
Pero ese no fue el único. Se registraron otros cuatro: dos protagonizados por reos del Barrio 18, donde las autoridades capturaron a cinco sujetos señalados de coordinar el secuestro de 11 guardias del Sistema Penitenciario (SP), y otros dos por privados de libertad de la Mara Salvatrucha, que provocaron la muerte de un guardia.
Fuga que derivó una crisis política
Aunque fue hasta octubre de 2025 que las autoridades lo dieron a conocer, durante el período que se anuncian los traslados y se dan los supuestos motines, también se concretó la fuga de 20 pandilleros, la cual fue declarada por Estados Unidos y otros sectores como “inaceptable” y generó una crisis política para el Gobierno actual, al extremo de la fuga del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
La denuncia sostiene que una condena de prisión no elimina la dignidad ni los derechos fundamentales de una persona. Entre los principales señalamientos se encuentran:
-Traslados penitenciarios sin información oportuna a familiares y abogados.
-Restricciones de visitas, alimentos y encomiendas, que según los denunciantes podrían constituir sanciones colectivas.
-Condiciones presuntamente inhumanas en el Centro de Aislamiento Penitenciario.
-Un supuesto sistema de cobros ilegales o extorsiones dentro de las cárceles para permitir el ingreso de alimentos, ropa, visitas u obtener mejores condiciones.
-Hacinamiento extremo: el memorial señala unas 23,837 personas privadas de libertad frente a una capacidad aproximada de 6,000.
¿Qué solicitan?
Camey plantea esta posible relación como una hipótesis que debe ser investigada, no como un hecho ya demostrado.
Entre otras medidas, piden inspecciones sin previo aviso a centros penitenciarios, entrevistas confidenciales con reclusos, investigación de los supuestos cobros ilegales, garantías para comunicar los traslados a familiares y defensores, prohibición de sanciones colectivas y la determinación de posibles responsabilidades administrativas o penales.
El eje de la denuncia es que las personas condenadas por delitos también deben gozar de derechos humanos y el Estado debe garantizarlos.
#sistemaoenitenciario#CIDH#DerechosHumanos Www.elmetropolitano.com.gt
Www.metroredes.com Www.elescuintleco.com
