Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
Hay momentos en los que un aumento de precios deja de ser una noticia económica y se convierte en una experiencia íntima. Se siente al llenar el tanque, al hacer las compras del mercado, al contar los billetes antes de llegar a la caja. En Guatemala, el encarecimiento de los combustibles está haciendo precisamente eso: metiéndose en la vida cotidiana de millones de personas.
El problema es que el combustible no se queda en la gasolinera. Cada aumento en el precio del diésel o la gasolina recorre el país como una corriente invisible. Viaja en los camiones que transportan alimentos, encarece el pasaje, aumenta los costos de producción y termina apareciendo en el mercado, disfrazado de unos centavos más en el tomate, el frijol, los huevos o las tortillas. La economía funciona como una cadena: cuando una pieza se encarece, las demás terminan pagando la cuenta y la misma, por supuesto, no pesa igual para todos.
Para una familia con ingresos suficientes, un aumento puede significar ajustar alguna compra, posponer una salida o reducir ciertos gastos. Para quien ya llega justo a fin de mes, significa elegir. Menos comida o menos medicina. Menos transporte o menos educación. Pagar una deuda o llenar la despensa.
Ahí deja de hablarse de estadísticas y empieza a hablarse de supervivencia. El malestar de los transportistas tampoco apareció de la nada. Quienes viven de mover personas y mercancías enfrentan combustible más caro, mantenimiento constante y carreteras que, en demasiados lugares, parecen haber sido diseñadas para poner a prueba la paciencia y los amortiguadores. Cuando los costos operativos se comen el margen de ganancia, las opciones se reducen hasta convertirse en una especie de callejón sin salida: subir las tarifas y trasladar el golpe al usuario, o dejar las unidades detenidas y asumir las pérdidas.
Ninguna alternativa resulta amable. Mientras tanto, las familias hacen sus propias cuentas. Y son cuentas que rara vez cierran. El salario mínimo puede aumentar sobre el papel, pero la realidad del supermercado no se imprime en decretos. Cuando los precios de los alimentos, el transporte, la vivienda, la salud y otros servicios avanzan más rápido que los ingresos, el trabajador termina corriendo detrás de una economía que siempre parece llevarle varios metros de ventaja.
Lo verdaderamente preocupante es lo que ocurre cuando ya no queda margen para recortar.
Porque una familia puede dejar de comprar ciertas cosas. Puede caminar en lugar de tomar transporte, cambiar una marca por otra o comer menos fuera de casa. Pero llega un punto en el que ya no se recortan lujos. Se recortan necesidades.
Y para los jubilados, el panorama puede ser todavía más duro. Quienes dedicaron décadas de su vida al trabajo llegan a la vejez con pensiones que, frente al costo actual de los alimentos y los medicamentos, resultan insuficientes. Es una paradoja difícil de ignorar: después de una vida contribuyendo al funcionamiento del país, muchos adultos mayores tienen que decidir entre comprar sus medicinas o llenar la despensa.
Una sociedad que obliga a sus ancianos a elegir entre comer y medicarse tiene un problema que va mucho más allá de la inflación. Tiene un problema de prioridades. Entonces aparece el otro protagonista de esta historia: el poder.
Ante una situación que afecta directamente al bolsillo de la población, el silencio oficial resulta difícil de interpretar como una respuesta. El Gobierno necesita explicar qué está haciendo, qué alternativas existen y, sobre todo, qué puede hacer para evitar que los sectores más vulnerables terminen absorbiendo prácticamente todo el impacto.
No se trata de prometer soluciones mágicas. El precio internacional de los combustibles no se controla desde un escritorio en Guatemala. Pero entre controlar el mercado mundial y quedarse de brazos cruzados existe un territorio enorme: medidas temporales, ayudas focalizadas y transparentes, fiscalización, coordinación institucional y políticas destinadas a amortiguar el golpe sobre quienes tienen menos capacidad para soportarlo.
También corresponde al Congreso asumir su parte. Una agenda legislativa desconectada de las urgencias de la población transmite un mensaje incómodo: mientras las familias hacen cuentas con calculadora, algunos despachos parecen hacerlas con calendario. Las comisiones pueden reunirse, los discursos pueden multiplicarse y las iniciativas pueden acumular polvo, pero ninguna de esas cosas llena una despensa.
Gobernar no significa únicamente mantener funcionando la maquinaria administrativa. Gobernar también significa aparecer cuando las cosas se complican. Explicar. Escuchar. Tomar decisiones. Dar la cara, porque el silencio del poder tiene un costo y este costo lo termina pagando alguien. A veces aparece en la factura del combustible. Otras, en el precio de los alimentos. En una receta médica que se queda sin comprar. En un trabajador que ya no puede sostener su negocio. En un jubilado que estira una pensión como quien intenta convertir una sábana pequeña en una cama demasiado grande.
La paciencia social tampoco es infinita. Cuando una población siente que sus dificultades crecen mientras quienes tienen capacidad de decisión permanecen inmóviles, la frustración comienza a transformarse en desconfianza. Y la desconfianza, cuando se acumula durante demasiado tiempo, puede convertirse en algo mucho más difícil de administrar. Por eso la discusión no debería limitarse a cuánto cuesta hoy llenar un tanque.
La pregunta verdaderamente incómoda es cuánto puede seguir encogiéndose el plato antes de que el país entienda que no se trata simplemente de una cifra económica, sino de la dignidad cotidiana de su gente. El combustible puede subir y bajar. Los mercados pueden cambiar. Las crisis, tarde o temprano, pasan. Pero cuando el poder decide mirar hacia otro lado mientras la ciudadanía hace malabares para llegar a fin de mes, el problema deja de ser únicamente económico y se convierte en político, sobre todo, en humano.