La idea del grupo Semilla (que actualmente hace gobierno) de sacar de la participación en instituciones públicas al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) por medio de una ley, quedó descartada en el Congreso
La iniciativa 6156 Ley para la libertad de empresas, fue presentada el año pasado por el diputado Samuel Pérez, respaldada por los de su bancada en ese momento Wilfredo Román Castellanos y Bernardo Arévalo, ahora presidente de la República.
Esta iniciativa señalaba que el CACIF no debería de participar en instituciones del Estado donde tiene influencia y conocimiento del actuar de los Ministerios del Gobierno e influye en sus decisiones, lo cual hace a beneficio de sus propios intereses.
La iniciativa llevó su proceso y al ser leída en el pleno, fue enviada a la Comisión Economía y a la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme). En ambas fue analizada en esta X Legislatura y en las dos se dictaminó desfavorablemente.
Desde los primeros años de vida independiente, los sectores económicos del país se organizaron con el objetivo de ayudar a crear un ambiente favorable a la inversión y al crecimiento económico. La primera de estas instituciones, la Sociedad Económica de Amigos del País, incorporó en su seno a un grupo de prestigiosos y notables ciudadanos, quienes con su vocación de progreso y su visión de largo plazo, contribuyeron al desarrollo del aparato productivo del país.
Con el devenir de los años y la diversificación de la actividad productiva fueron creándose nuevas organizaciones que respondían, en gran medida, a la expansión y dinamismo de nuevos sectores productivos. Reza la historia del CACIF que nació en 1957.
La última comisión que dictaminó desfavorablemente fue la de la Pequeña y Mediana Empresa la semana pasada, donde los diputados semilleros dijeron que razonarían su voto, ya que consideran que el CACIF no debería estar en las instituciones del Gobierno.
Así que los delegados del CACIF seguirán recibiendo dinero de los inouestos que los guatemaltecos tributan por qué hay que pagarles por las sesiones que asisten en diferentes instancias del gobierno.
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