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A petición de la Fundación Contra el Terror, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC, protegen a la fiscal general Consuelo Porras para que ella no asista a las reuniones del Ejecutivo donde se abordarían temas de derechos humanos según el acuerdo 200-2024 cosa que no les preocupa según lo expresara el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero quien cuestionó la decisión del alto tribunal.
Analistas señalan que hay que recordar que esta CC está conformada por magistrados puestos por el ex presidente Alejandro Giammattei, del partido Vamos, Valor y UNE, dejando claro de qué lado están y se ha podido ver en sus últimas decisiones.
La CC decidió suspender dos párrafos del acuerdo gubernativo 200-2024 con el cual el Organismo Ejecutivo pretendía tener reuniones periódicas con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras y así abordar temas de cumplimiento en materia de derechos humanos.
La acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo la presentó la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) que se opuso a las intenciones del presidente Bernardo Arévalo y calificó de ilegal que se cite a la jefa del MP a integrar ese gabinete.
El dictamen de la CC deja sin efecto, en forma temporal, el último párrafo del artículo 4 que indica: «En el Gabinete Específico para la Coordinación del Cumplimiento de las Obligaciones Internacionales del Estado de Guatemala en Materia de Derechos Humanos participará en sus sesiones ordinarias o extraordinarias el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, por invitación del Presidente de la República.
De acuerdo a los analistas porque razón la Fundación Contra el Terrorismo tiene temor de que la fiscal sea invitada a estas reuniones que lo único que buscan es analizar la defensa de los derechos humanos, compromiso a nivel internacional firmado por Guatemala para velar por estos derechos en el país.
Con esta decisión, la vicepresidenta Karin Herrera, quien es la encargada de coordinar esta instancia, queda inhabilitada para invitar a la Fiscal a las reuniones y que esta pueda responder a inquietudes del Ejecutivo.
Si en algún momento Guatemala y los guatemaltecos querían saber porque tantas violaciones a los derechos humanos en Guatemala por el mismo Ministerio Público, MP, solo se quedarán con los deseos pues el grupo de poder dejado instalado por los partidos que han gobernado en este país siguen protegiendo sus intereses, según los analistas.
Mientras tanto Guerrero, secretario de la presidencia, señaló que no había motivos para la suspensión, además de una serie de errores que expuso en memorial de la inconstitucionalidad y expresó que es preocupante ver que la CC entrara a analizar la inconstitucionalidad presentada por la Fundación Contra el Terrorismo porque ellos confundieron la redacción de un amparo con una inconstitucionalidad. Presentaron agravios en vez de una calificación de la norma que consideran inconstitucionalidad, dijo.
Añadió que el Ejecutivo volverá a invitar a la fiscal general, ya que la actual resolución no es algo de fondo y utilizarán otras normas para concretar el encuentro entre el Ejecutivo y la fiscal general.
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