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Con el fin de terminar con la corrupción que tanto daño le hace al país y evita la realización de obras de beneficio social, la actual dirigencia del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, ya ha presentado varias denuncias ante el Ministerio Publico de anomalías en la adjudicación de contratos, según lo dieron a conocer en un comunicado de prensa y hasta el momento no hay ningun resultado por parte del ente investigador a cargo de Consuelo Porras.
En el documento señalan que combatir la corrupción tiene alta prioridad en el Gobierno de la Repúblicas y como entidad autónoma también actúan con energía y prueba de ello es que la actual administración descubrió que en el 2022 y 2023 se adjudicaron proyectos de inversión y otras adquisiciones a empresas que se valieron de actos que encuadran en tráfico de influencias, falsedad material, cohecho, fraude, colusión o testaferros para ser contratados.
“Las acciones de estas empresas, entre las que figuran algunas involucradas en la Red Q, dan indicios de asociación ilícita, lavado de dinero y otros delitos. Desde julio de 2024, se presentaron denuncias ante el MP por contratos anómalos que suman ya 660 millones de quetzales y se esperan progresos en la acción penal y la participación del ente fiscalizador porque terminar con la corrupción es tarea de Estado”, dijeron.
“Otras empresas han sido inhabilitadas como proveedoras del INDE y se inician las acciones administrativas para ejecutar los seguros por incumplimiento de contratos y por anticipos pagados, que suman 300 millones de quetzales”, señalaron.
“Para los guatemaltecos la corrupción ha tenido el costo del retraso en la ejecución de obras, pero la electrificación no se detiene y la instalación de sistemas fotovoltaicos en 6 mil hogares de comunidades aisladas es la primera acción del más ambicioso plan de inversiones de los últimos treinta años”, dijeron finalmente.
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