Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
Hay una liturgia que millones de guatemaltecos repiten cada semana sin quererlo: llegar a la gasolinera, ver el precio en el letrero y soltar un suspiro largo. No es resignación, es hartazgo acumulado. Es la certeza de que el número siempre sube y casi nunca baja, y de que nadie en el gobierno parece tener una respuesta que dure más que un decreto temporal.
El arranque de 2026 fue brutal. En apenas diez semanas —del 1 de enero al 9 de marzo— la gasolina superior pasó de Q27.30 a Q33.00 por galón, un incremento de Q5.70. La regular subió Q5.58 y el diésel, el combustible del transporte colectivo y de la cadena de abastecimiento del país, se disparó Q6.89, para cerrar ese periodo en Q31.81. No era el final del alza, sino el principio.
El detonante fue conocido: la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada en febrero, sacudió los mercados internacionales del petróleo y encendió una mecha que Guatemala, como país importador y sin ningún mecanismo estructural de protección, no tuvo cómo apagar. Para el mes de marzo, el INE ya reportaba una inflación mensual del 1.02% y un ritmo inflacionario del 2.50%, con el sector transporte como el mayor impulsor, registrando un incremento mensual del 7.90%. El galón de gasolina había saltado más de un 42% en cuestión de semanas. Lo que comenzó en el surtidor terminó, como siempre, en la mesa del guatemalteco más pobre.
Ante la presión social y la evidencia innegable del daño, el Congreso aprobó en abril el Decreto 11-2026, la llamada Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, que destinó Q2 mil millones para subsidiar Q5 por galón en las gasolinas superior y regular, y Q8 por galón en el diésel. El alivio fue real, parcial y, sobre todo, efímero.
El 2 de julio, a las 24:00 horas, se acabó el dinero y se acabó el subsidio. Al día siguiente, las gasolineras amanecieron con precios de hasta Q37 el galón. La promesa del gobierno de que el alza sería «gradual, conforme se agotaran inventarios» duró lo que dura una ilusión en este país: pocas horas. El descontento fue inmediato. Los conductores, los transportistas, los comerciantes, todos recibieron la noticia de la misma manera: en el momento de pagar.
Para el 11 de julio, la gasolina superior ya marcaba Q39.09 por galón en varias zonas de la capital. El regular, Q38.09. El diésel, Q37.59. Y apenas ayer, 21 de julio, se reportó otro incremento significativo: Q1.50 más por galón en las gasolinas y Q2.70 adicionales en el diésel, el más perjudicado de todos. Guatemala suma así otra alza consecutiva, sin techo a la vista.
El error más común al hablar de gasolina cara es creer que el problema lo tiene solo quien tiene carro. La realidad guatemalteca es más cruel y más amplia. Cuando sube el diésel, sube el flete. Cuando sube el flete, sube el tomate, el pollo, la tortilla, el jabón. La Canasta Básica Alimentaria Urbana ya superó los Q936.52 por persona mensual en abril, y la Canasta Ampliada Urbana rebasó los Q2,267 per cápita. Esos números no son abstractos: son familias que recortan, que dejan de comprar, que trabajan más para llegar al mismo lugar.
Los transportistas, quienes mueven personas y mercancías por todo el territorio nacional, han advertido ya que los aumentos en el diésel los obligan a incrementar tarifas de pasaje y fletes. «El precio del diésel complica nuestro trabajo diario», declararon representantes del gremio esta misma semana, anunciando posibles nuevas acciones si el gobierno no responde. El efecto dominó es inevitable: lo que cuesta mover mercancía termina pagándolo el consumidor final, siempre.
La postura oficial ante el nuevo ciclo alcista resulta, cuando menos, desconcertante. Tras el vencimiento del subsidio, el Ejecutivo declaró que por el momento no prevé implementar una nueva medida de apoyo a los combustibles. El presidente del Banco de Guatemala, por su parte, describió el fenómeno como «un efecto transitorio» y señaló que habrá que «esperar a ver si esto se soluciona o sigue para poder tomar las medidas necesarias.» Mientras tanto, el galón sigue subiendo.
Esa actitud de espera en un país donde más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza no es prudencia fiscal: es negligencia disfrazada de tecnicismo. Nadie discute que los precios internacionales del petróleo escapan al control de cualquier gobierno centroamericano. Pero lo que sí está en manos del Estado es la velocidad de respuesta, la protección a los más vulnerables y la construcción de mecanismos que no sean parches de tres meses.
El experto Ramón Parellada, del CEES, tiene razón en señalar que los subsidios generalizados no son la solución estructural: al final, los paga toda la población, incluyendo quienes no tienen vehículo. Pero tener razón en el diagnóstico estructural no exime al gobierno de responder a la emergencia que vive hoy la familia guatemalteca que paga más por el bus, más por el mercado y más por llevar su cosecha al punto de venta.
Guatemala carece de una política energética de largo plazo. No tiene refinería propia. No tiene reservas estratégicas de combustible. No tiene mecanismos automáticos de estabilización de precios. Cada vez que los mercados internacionales se agitan —y en el mundo geopolítico actual se agitan con frecuencia creciente— el país queda expuesto, sin más herramienta que el subsidio improvisado o el discurso de la paciencia.
Lo que los guatemaltecos experimentan hoy no es solo la consecuencia de una guerra lejana o de las fluctuaciones del estrecho de Ormuz. Es también el resultado de décadas de ausencia de visión estratégica en materia energética, de un Estado que llega siempre tarde y con menos de lo necesario, y de una clase política que prefiere el aplauso del decreto temporal a la incomodidad de la reforma estructural.
El galón que hoy cuesta Q39 no es solo un número en el letrero de la gasolinera. Es el retrato fiel de un país que merece más de sus gobernantes: más anticipación, más protección y, sobre todo, más honestidad sobre lo que hace falta para que la próxima crisis no nos vuelva a encontrar desarmados.