El Congreso aprobó modificaciones drásticas a la recaudación del Impuesto Único Sobre Inmuebles. Mientras las propiedades residenciales quedarán exentas del pago, los locales comerciales sufrirán un incremento del 300%. Alcaldes advierten sobre un inminente descalabro en los servicios básicos y preparan acciones legales, mientras tanto los vecinos deben pagar porque la reforma estaría entrando en vigencia a finales de año o a principios del 2027.
Un sismo financiero sacude a los gobiernos locales con la sorpresiva aprobación en el Congreso de la República de las reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) ha provocado el rechazo inmediato de las autoridades municipales del país. Los jefes ediles advierten que la medida, lejos de ser un alivio integral, representa un golpe directo a la autonomía municipal y a la viabilidad de los servicios públicos.
La controversial normativa, impulsada y aprobada por los legisladores bajo la premisa de aliviar el costo de vida de las familias guatemaltecas, establece una reestructuración tributaria sin precedentes: las viviendas de uso exclusivamente residencial pasarán a tributar una tasa cero. Sin embargo, para compensar el abismo fiscal que esto genera, el Legislativo impuso que cualquier propiedad que registre actividad comercial o mercantil deberá pagar el triple del impuesto que cancelaba hasta la fecha.
Alerta por desfinanciamiento y servicios en riesgo
La reacción desde las comunas no se hizo esperar. Diversos alcaldes del área metropolitana y de la provincia han calificado la medida de «populista» y «técnicamente inviable». Según las autoridades locales, el IUSI es la columna vertebral de los ingresos propios de las municipalidades, fondos que son destinados directamente al mantenimiento de calles, alumbrado público, recolección de desechos, redes de agua potable y proyectos de seguridad ciudadana.
Al eliminar el cobro a las residencias, las municipalidades temen un déficit insostenible en sus presupuestos de inversión. A la par, los concejos municipales han mostrado profunda preocupación por el efecto colateral del aumento a los comercios. Castigar al sector productivo con un incremento del 300% en su tributación inmobiliaria es considerado por los ediles como una medida «asfixiante» que podría desencadenar el cierre de pequeñas y medianas empresas (pymes), fugas de inversión y, en última instancia, el traslado de este sobrecosto al consumidor final, encareciendo aún más los productos de la canasta básica.
Batalla legal a la vista
El choque entre el Legislativo y el poder local apenas comienza. Expertos en derecho tributario y asesores jurídicos de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) anticipan una intensa batalla en las cortes.
Varias comunas ya se encuentran en la fase de redacción de amparos y acciones de inconstitucionalidad que serán presentadas ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Los argumentos legales se centran en que la reforma vulnera la autonomía financiera garantizada en la Constitución para los municipios, además de atentar contra los principios de equidad tributaria, capacidad de pago y no confiscatoriedad al triplicar de tajo el impuesto al comercio.
Mientras la ley espera su sanción o veto por parte del Organismo Ejecutivo, la tensión crece en los pasillos municipales, donde los alcaldes exigen al Gobierno Central que frene una medida que, aseguran, terminará paralizando el desarrollo de sus comunidades.
Texto Mario Rolando Reyes
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