Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
Hay oficinas del Estado que no fallan por incompetencia. Fallan porque están diseñadas para fallar a favor de unos pocos. El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública es una de ellas. No es un error administrativo. Es una máquina de exclusión, de monopolio y de enriquecimiento a costa del enfermo.
El diputado Rodrigo Pellecer, jefe de bancada de Comunidad Elefante, lo dijo sin rodeos: ese departamento no controla medicamentos falsificados, no procesa registros sanitarios con la diligencia mínima y se ha prestado, de manera corrupta, a bloquear la entrada de más productos farmacéuticos. El resultado es previsible y sangriento: un solo proveedor con registro, precios inflados, hospitales y el IGSS comprando caro, y el ciudadano pagando lo que no tiene. Pellecer propone cerrarlo. Tiene razón. Debería cerrarse, investigarse y, si hay responsables, procesarse.
Guatemala tiene los medicamentos más caros de Centroamérica. No es una exageración de redes sociales. Es un hecho documentado: diferencias de hasta 185 % respecto a El Salvador en productos idénticos. Cada semana los precios suben. No por inflación general, no por costos de importación justificados, sino porque el cuello de botella del registro sanitario permite que unas cuantas farmacéuticas y sus operadores políticos mantengan el control del mercado. Mientras miles de expedientes se acumulan durante meses o años, los que ya tienen el sello del ministerio gozan de una posición de privilegio. Competencia cero. Márgenes elevados. Enfermedad convertida en flujo de caja.
Esto no es teoría. Hay denuncias de redes internas que aceleraban o negaban registros según conveniencia, de certificados de buenas prácticas emitidos de forma irregular, de expedientes que desaparecen y de productos que solo un proveedor puede vender al Estado. El Remdesivir durante la pandemia fue un ejemplo sangriento: exclusividad práctica, precios cercanos al original pese a ser genérico, y millones de quetzales que salieron del erario mientras los pacientes esperaban. Los mismos patrones se repiten con oncológicos, insulinas y fármacos de uso cotidiano. El enfermo no tiene opción. Paga o se queda sin tratamiento.
Las grandes farmacéuticas y sus intermediarios no son víctimas de la burocracia. Son sus principales beneficiarios. Han aprendido a convivir con ella, a alimentarla y a defenderla. Mientras el departamento “no da abasto”, ellos facturan. Mientras se cancelan o se retrasan registros de posibles competidores, ellos mantienen precios de monopolio. El discurso oficial habla de “protección de la salud pública”. La realidad es protección de rentas privadas. La enfermedad de los guatemaltecos se volvió un buen negocio, y la necesidad del pueblo se convirtió en la materia prima de unos cuantos.
No se trata de abrir la puerta a cualquier producto sin control. Se trata de que el control deje de ser selectivo, lento y sospechosamente permeable a intereses particulares. Un departamento que no puede procesar registros a tiempo, que no combate eficazmente los falsificados y que genera barreras artificiales a la competencia no merece existir en su forma actual. Merece ser desmantelado, sus funciones rediseñadas con transparencia radical, plazos obligatorios, digitalización real y fiscalización externa permanente.
El Congreso tiene la obligación de actuar. Una iniciativa de ley no basta si termina en el archivo o en un “sí, pero después”. Hay que cerrar la oficina de la corrupción, investigar a fondo quién se benefició y cómo, y abrir el mercado de medicamentos con reglas claras que prioricen el acceso y el precio justo. Mientras tanto, cada quetzal de más que paga una madre por un antibiótico, cada paciente que abandona un tratamiento oncológico por costo y cada compra pública inflada son el resultado directo de esta estructura.
Los guatemaltecos no enferman para enriquecer a nadie. La salud no puede seguir siendo el negocio más rentable y menos fiscalizado del país. El departamento que lo permite debe desaparecer. Y quienes lo han usado para lucrar con el dolor deben rendir cuentas.