Mario Reyes / mariobarriosigl@gmail.com
En Guatemala llenar el tanque ya no es solo un gasto de transporte. Cada aumento en el precio de los combustibles puede pasar al pasaje, al transporte de mercancías, a los alimentos y, al final, al presupuesto de una familia que ya cuida de cada centavo para llegar a fin de mes.
Las cifras ayudan a ver el problema. El Ministerio de Energía y Minas registró que entre el 7 y el 16 de septiembre de 2026 el precio promedio de la gasolina regular en autoservicio en la zona metropolitana saltó de Q40.93 a Q42.58 por galón. La gasolina superior subió de Q43.06 a Q44.66. El diésel aumentó más: de Q46.37 a Q49.36. Eso es un aumento de Q2.99 por galón en solo nueve días.
No se trata solo de lo que ve el consumidor frente a una gasolinera. Los datos de inflación de agosto también revelan el impacto. Guatemala registró una inflación mensual de 0.60% y una interanual de 3.37%. Alimentos y transporte fueron dos de las categorías con mayor aumento. La gasolina y el diésel fueron productos que más empujaron el índice ese mes.
En otras palabras, cuando sube el combustible no solo sufre quien tiene automóvil. También lo siente quien toma un bus, quien compra verduras que vienen de otro departamento, quien recibe mercancía en su tienda de barrio o quien necesita un camión para traer sus productos al mercado.
Mientras el bolsillo enfrenta ese problema inmediato, la respuesta política parece quedar atrapada en lo que popularmente conocemos como “tirarse la chivolita”.
El Congreso aprobó el 8 de septiembre, con 130 votos, el Decreto 21-2026. Ese decreto asigna Q2 mil 500 millones para fijar precios de referencia: Q39 por galón de diésel y gasolina regular, y Q41 por galón de gasolina superior. Pero al 17 de septiembre la normativa aún no había sido enviada al Ejecutivo porque hubo objeciones dentro del propio Congreso. La discusión quedó prevista para el 22 de septiembre.
Ahí está uno de los principales cuestionamientos que merece el Organismo Legislativo: ¿para qué sirve aprobar de urgencia nacional una medida que debe enfrentar una emergencia económica si, días después, los procedimientos y las disputas internas la mantienen paralizada?
El Congreso tiene derecho y obligación de revisar técnicamente sus decretos. También es legítimo que haya posiciones distintas sobre subsidios, reducción de impuestos o mecanismos de compensación. Lo cuestionable es que, en medio de una escalada de precios, aparezcan al mismo tiempo decretos, objeciones, nuevas iniciativas y propuestas alternativas, sin que el ciudadano sepa cuándo llegará el alivio prometido.
De hecho, mientras el Decreto 21-2026 permanece detenido, una comisión legislativa aprobó favorablemente otra iniciativa. Esa iniciativa propone suspender temporalmente el 65% del IVA y el 100% del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus derivados. Según las estimaciones de esa comisión, el mecanismo podría bajar el diésel a Q35, la regular a Q34.50 y la superior a Q36.
Hay demasiadas propuestas y, hasta ahora, los precios siguen golpeando al consumidor.
Pero la responsabilidad política no termina en el Congreso.
El presidente Bernardo Arévalo y su gobierno también deben responder por el manejo de esta crisis. El Ejecutivo anunció, desde julio, un apoyo de Q12 por galón de diésel y Q3 para gasolina regular, y dijo que necesitaba la aprobación legislativa para implementarlo. Luego impulsó el mecanismo ampliado que se convirtió en el Decreto 21-2026. El 16 de septiembre, Arévalo volvió a pedir al Congreso que resolviera las objeciones y enviara el decreto para que pudiera sancionarlo.
Formalmente, cada institución puede explicar qué parte del trámite corresponde a la otra. Políticamente, sin embargo, esa explicación es insuficiente frente a una familia que ve cómo cada visita a la gasolinera se vuelve más cara.
El Ejecutivo tampoco puede limitar su papel a decir que espera al Congreso. Gobernar implica coordinar, anticipar escenarios, presentar alternativas fiscalmente sostenibles y explicar con claridad qué ocurrirá cuando termine una ayuda temporal. Un subsidio puede aliviar una emergencia, pero no reemplaza una política de largo plazo sobre transporte, competencia, tributación, importaciones y dependencia energética.
El Legislativo no puede pensar que su trabajo termina cuando levanta la mano y aprueba un decreto. Si una ley tiene fallas técnicas que pueden detenerla de golpe cuando se presentan objeciones, la pregunta es por qué esas fallas no se corrigieron antes de aprobarla como una urgencia nacional.
Ese es el problema de la chivolita política. Uno señala al otro, el otro pasa la culpa, y mientras se decide en qué despacho quedó la pelota, el ciudadano sigue pagando la factura.
La discusión verdadera no debe limitarse a quién tiene la culpa entre el presidente y los diputados. La pregunta que importa es más simple: ¿qué solución efectiva, transparente y sostenible recibirá la población y cuándo la población empezará a sentirla en el bolsillo?
Porque el precio del combustible no espera al calendario legislativo. El camión que transporta alimentos debe circular hoy. El trabajador debe movilizarse hoy. El pequeño comerciante debe reabastecerse hoy. Y la familia guatemalteca debe comer hoy.
Guatemala no necesita una competencia entre organismos para decidir quién puede desligarse mejor del problema. Guatemala necesita coordinación institucional, cuentas claras y resultados medibles.
Mientras eso no ocurra, habrá conferencias de prensa, discursos, iniciativas, decretos y señalamientos cruzados. Pero para quien cuenta los últimos quetzales antes de llegar a la próxima quincena, toda esa actividad política tendrá un significado mucho más sencillo:
El combustible sigue subiendo y alguien tiene que pagarlo. Y ese alguien, una vez más, es el guatemalteco de a pie. Esta versión está planteada como columna de opinión periodística, pero cada afirmación factual importante está respaldada con información actualizada al 18 de septiembre de 2026.
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